La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver un amparo directo en revisión, confirmó la sentencia de un Tribunal Colegiado en el sentido de que la contribución denominada "derechos por la publicidad y anuncios en vía pública" que estuvo cobrando el municipio de San Luis Potosí, respeta el principio constitucional de proporcionalidad y equidad tributarias.

 

Por ello se determinó que el crédito fiscal por 632 millones de pesos fincado por dicho concepto a Teléfonos de México en términos de los artículos 20 y 21 de la Ley de Ingresos de dicho Municipio, vigentes en los ejercicios fiscales de los años 2006 a 2010 se determinó conforme a derecho.

 

Los ministros concluyeron que las autoridades estatales y municipales son competentes para cobrar derechos sobre licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de anuncios y carteles o la realización de publicidad y, tratándose de uso de las vías públicas, la tenencia de bienes sobre las mismas.

 

La Primera Sala también señaló que la base y tasa no son desproporcionadas en razón de que el cobro del derecho no atiende al número de casetas telefónicas, sino a la naturaleza y características del anuncio.

 

Por otra parte, la Sala reiteró su criterio acerca de que el principio pro homine o pro persona, per se, no implica que el gobernado obtenga una decisión favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se argumente, ya que ese principio puede ser constitutivo de “derechos” alegados, o dar cabida a interpretaciones más favorables, cuando esas interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas o de la interpretación jurídica que de ellas ha hecho la Suprema Corte.

 

 

www.miabogadoenlinea.net