El Congreso del Estado de Chiapas aprobó una reforma al Código Penal de la entidad, adicionando el artículo 398 Bis mismo que establece que “se impondrá una pena de dos a 15 años de prisión y multa de 200 a 400 días de salario mínimo, a quien realice actos tendientes para obtener información de los cuerpos de seguridad pública, de persecución o sanción del delito o la ejecución de penas sobre su ubicación, actividades, operativos o sus labores, en general”.

 

La disposición es criticada ya que se considera que atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la información, dejando el tipo penal abierto,  de modo que cualquier búsqueda de información sobre las actividades de los cuerpos de seguridad como las que realizan los periodistas de la fuente policiáca puede incluirse en el supuesto del artículo 398 Bis.

 

El Consejo Estatal de Derechos Humanos (CEDH) decidió abrir una queja de oficio para determinar si el contenido de dicho precepto respeta o viola los derechos humanos.

 

La organización internacional a favor de la libertad de expresión y de información Article 19 señala que la reforma ya se publicó en el Periódico Oficial del Estado y exigió a la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y al Consejo Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) que presenten acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma.

 

Article 19 indicó que al tratarse de materia penal es indispensable utilizar términos “estrictos y unívocos” que acoten claramente las conductas sancionadas para garantizar que se cumple con el principio de legalidad.

 

A raíz de la ola de criminalidad que azota al país varias entidades de la República han incluido este delito identificándolo como “Facilitación Delictiva”, con lo que se pretende sancionar toda la cadena delictiva.

 

Así, se pretende castigar a toda aquella persona que, realizando conductas que por sí mismas no son delitos, su actuación facilita la realización de actividades delictivas al generar a favor de la delincuencia organizada información de inteligencia o contrainteligencia sobre la actividad de las autoridades encargadas de la seguridad pública.

 

Por ejemplo, en el caso de Coahuila se incluye en el Artículo 280 Bis: “Se impondrá una pena de cuatro a doce años de prisión y multa a quien aceche, vigile o realice cualquier acto tendiente a obtener indebidamente información sobre la ubicación, las actividades, los operativos o en general, las labores de seguridad pública, de investigación o persecución del delito o la ejecución de penas”.

 

En Jalisco, el artículo 135 bis del Código Penal estatal, determina de tres a seis años de prisión a quien “aceche o vigile o realice actividades de espionaje sobre la ubicación, las actividades, los operativos o en general, las labores que realicen elementos de instituciones de seguridad pública, de persecución o sanción del delito o de ejecución de penas”.

 

Sin embargo, aunque en estos preceptos tampoco acotan claramente las conductas sancionadas al no relacionarlas con la facilitación de la comisión de un delito, no han llamado la atención de organizaciones como Article 19.

 

 

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