En el Congreso del Estado de Puebla se presentó una iniciativa de reforma al artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla para contemplar en ese artículo la libertad religiosa y de conciencia.

 

La propuesta se ha prestado h controversia ya que un párrafo que se pretende adicionar contempla que “el Estado respetará la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Las iglesia y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley”.

 

Esta iniciativa ha generado controversia ya que algunos consideran que vulnera al estado laico al abrir la posibilidad que el Estado imparta en las escuelas públicas educación religiosa.

 

La exposición de motivos señala que uno de los elementos reconocidos internacionalmente de la libertad religiosa es el derecho a la educación religiosa ejercido por los padres, que consiste en la libertad de los padres para educara a sus hijos conforme a convicciones religiosas.

 

Sin embargo también se reconoce que el ejercicio de este derecho corresponde a los padres en exclusiva y tienen como escenario natural el seno familiar.

 

En la iniciativa se señala que no se afecta la laicidad del Estado, sino que lo complementan en concordancia con las reformas que en materia de derechos humanos se han hecho en nuestro país.

 

Cuando se reformó el artículo 24 de la Constitución Política en materia de libertad religiosa, también se pretendió incluir un párrafo en este mismo sentido, pero esa reforma no prosperó y es posible que suceda lo mismo con esta reforma, pero esto no impide el ejercicio del derecho a la educación religiosa por los padres, al garantizarse en la Constitución Federal el goce de los derechos humanos reconocidos establecidos en la misma y en los tratados internacionales de los que México sea parte.

 

Lo mismo sucede en con la Constitución de Puebla que en su artículo 7 también contempla que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esa Constitución, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte, así como de las garantías para su protección.

 

 

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