La exhibición pública de detenidos antes de ser juzgados en México es “inadmisible”, señaló este jueves Rodrigo Escobar Gil, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Es mi deber expresar en este escenario que realmente (...) me parece que es una práctica inadmisible y que es contraria a los derechos humanos, claramente violatoria no solo de la dignidad de la persona humana, por constituir un trato inhumano, cruel y degradante, sino que afecta los derechos más valiosos de la persona, del derecho a la intimidad, a la honra”, declaró
Lo anterior fue expresado en la audiencia que se realizó ayer sobre la exhibición en medios de comunicación de víctimas del delito y de personas detenidas y/o bajo responsabilidad del Ministerio Público en México.
Previamente los peticionarios señalaron que “a nivel federal la exhibición es consumada por autoridades policiales y militares previamente a que el Ministerio Público investigue los hechos delictuosos, mientras que en el ámbito local se realiza desde instituciones policiales o en el marco de la investigación como método coercitivo y habitualmente precedido por prácticas de tortura, y otros tratos crueles y degradantes".
También señalaron que como práctica de comunicación las víctimas de los delitos igualmente son exhibidas llegando a mostrar sus cadáveres y la revelación de información que viola su privacidad es una constante.
Las organizaciones de defensa de derechos humanos señalaron que las personas exhibidas como autoras de delitos viven un juicio paralelo o mediático ante la opinión pública y la sociedad donde se les acusa, enjuicia y sentencia, por lo que aunque el sistema penal los absuelva las autoridades propician la condena de la opinión pública.
“La personas que son exhibidas y después absueltas enfrentan consecuencias debidas a la estigmatización que de ellas se hace como "delincuentes"', que mina la confianza sobre su probidad. Ello tiene efectos irreversibles en sus relaciones sociales -incluso en las familiares; en el entorno escolar de sus hijos e hijas, y desde luego en sus intentos por conseguir empleos, además de los riesgos a su seguridad ante la publicación de sus datos personales” concluyeron.
El representante de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal defendió ante la CIDH la exhibición de personas por esta causa indicando que esta práctica favorece la cultura de la denuncia ya que se informe a la sociedad para que en caso de identificar a alguna de las personas como probables responsables de algún delito puedan acudir a las autoridades a denunciarlas en relación con otros delitos.
Por su parte, la representante de la Procuraduría General de la República (PGR) dijo que el gobierno federal ha iniciado "una reflexión hacia una perspectiva de modificación de la política de comunicación" sobre seguridad publica.
Dicho sistema apunta a que en la práctica futura se den a conocer solo los nombres de los detenidos, los delitos de que se le acusan, el nombre del estado donde operaba y la imagen de su rostro difuminada. Agregó que el Estado está abierto a la incorporación de organizaciones de la sociedad civil interesadas en participar en este proceso, en respuesta a la solicitud de los peticionarios para su inclusión.
Escobar dijo que si bien el esfuerzo del gobierno mexicano es importante, "invitaría a que se siguiera trabajando para diseñar una política pública que promueva buenas prácticas" y se desestime la política de exhibir ante los medios de comunicación a sospechosos de delitos por considerarla inadmisible.
En su turno, la comisionada Rosa María Ortiz abundó que en el tratamiento de hacer espectáculo con los acusados, contrario a lo que algunas autoridades estimula la comisión de delitos, sobre a todo a jóvenes que quieren tener esa publicidad, aunque sea mala, pero aparecer en los medios, aunado a que exacerba la percepción de inseguridad, externando además reservas sobre sus beneficios efectivos.
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