En el Municipio de Unión de San Antonio, Jalisco, un niño de siete años falleció aparentemente a causa del acoso que sufrió en su escuela.

 

Según declaraciones de sus familiares el menor sufría agresiones constantes de otro niño al que llamaba “Beto”, de 12 años,  y la última vez que fue atacado aquel le sumergió la cabeza en un excusado para quitarle su dinero.

 

En la segunda evaluación médica a que fue sometido el menor un un estudio de rayos X mostró una infección en los pulmones, por lo que se ordenó su traslado al Centro Médico del IMSS de Guadalajara. Durante su traslado el pequeño sufrió tres paros cardiorrespiratorios. Quince días después de haber sido ingresado al Centro Médico el niño murió.

 

Este caso pone en tela de juicio las acciones y legislación que sobre acoso escolar existe en el estado de Jalisco En esa entidad, al igual que en otros estados de la República, se han realizado reformas legales a fin de prevenir y sancionar estas conductas.

 

En el caso de Jalisco, el 27 de marzo de 2012 se publicaron en el periodico oficial del estado las modificaciones a la Ley de Educación del Estado de Jalisco para combatir el acoso escolar en las escuelas, conocido comúnmente como bullying, adicionando un título específico sobre seguridad y convivencia escolar.

 

En este apartado de la ley se define la violencia o acoso escolar como el hostigamiento e intimidación entre estudiantes y se refiere a la acción de violencia sistemática, física, verbal, psicológica, sexual escrita, por señales o tocamientos, generada entre estudiantes.

 

Estas agresiones, según la ley, pueden ser empujones, golpes o lesiones, insultos, persecución, intimidación, sometimiento, chantaje, manipulación o amenazas, incluidas las gesticulaciones y obscenidades mediante señas, miradas o expresiones corporales.

 

 

También se considera acoso la exclusión social; los comentarios de índole sexual, ya sea de forma verbal o escrita, miradas o señas que denoten obscenidad, tocamientos, hostigamiento, acoso o abuso de orden sexual; y el cibernético: por medios electrónicos como Internet, páginas web, redes sociales, blogs, correo electrónico, mensajes de teléfono celular o videograbaciones.

 

Para proteger a los menores, el estado está obligado a tomar medidas que aseguren la protección y cuidados de los niños, implementando, entre otros programas, uno dedicado a la prevención y atención de acoso y la violencia escolar.

 

En ejercicio de lo anterior  la Secretaría de Educación Pública de Jalisco ha establecido una línea telefónica para atender casos de abuso escolar llamada 01 800 3 MCUIDA que atiende denuncias de acoso o abuso sicológico o emocional, físico, negligencia por omisión o comisión, económico, por exclusión social y entre iguales, asimismo se han entregado libros y láminas didácticas sobre el tema.

 

Respecto a las sanciones, para el alumno en el ámbito escolar la violencia y el acoso son considerados como indisciplinas.

 

Las instituciones educativas pueden ser sancionadas por no tomar las medidas necesarias para atender y prevenir la violencia y el acoso escolar u ocultar al padre o tutor conductas este tipo de conductas en que hubiesen incurrido sus hijos estas sanciones pueden ser con multa hasta por el equivalente a cinco mil veces el salario mínimo general diario.

 

Cuando se trate de una institución privada la sanción es la revocación de la autorización o retiro de reconocimiento de validez de estudios correspondientes.

 

En este caso, todas estas disposiciones legales creadas por los diputados para erradicar el acoso escolar y las acciones implementadas por las autoridades estatales fueren insuficientes para protegerlo.

 

Mientras, "Beto" el presunto acosador, podría ser sujeto a un proceso si tiene 12 años cumplidos al serle aplicable la Ley de Justicia Integral para Adolescentes del Estado de Jalisco. El acoso escolar puede implicar conductas que llevan a la comisión de delitos como delitos como amenazas, lesiones, acoso sexual, atentados al pudor, robo o daño en propiedad privada y extorsión, y las autoridades educativas sólo seran objeto de sanciones administrativas y/o el pago de una multa. 

 

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