El Congreso del estado de Guanajuato analiza una iniciativa de Ley de Sociedades de Convivencia que se fundamenta desde la perspectiva constitucional de prohibir toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, las condiciones sociales, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de la persona.

 

En la exposición de motivos se establece que la Sociedad de Convivencia no interfiere con la institución del matrimonio ni resta valor al concepto de familia, ni impide la práctica del concubinato, sino que reconoce consecuencias jurídicas a las diversas formas de convivencia humana.

 

En la iniciativa se define a la sociedad de convivencia como un acto jurídico bilateral, que se constituye cuando dos personas físicas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica plena, establecen un hogar común con voluntad de permanencia y de ayuda mutua.

 

Al respecto diversos sectores ya se han manifestado en contra de esta iniciativa ya que se le considera como un instrumento para legitimar las relaciones homosexuales, sin embargo la figura de las sociedades de convivencia no sólo resulta útil a este grupo social, sino también a personas de la tercera edad que al final de su vida deciden establecer relaciones de ayuda mutua para salir adelante.

 

Esta figura jurídica existe desde el 2007 en el Distrito Federal reconociendo legalmente los hogares formados por personas sin parentesco consanguíneo o por afinidad y ciertos  derechos y obligaciones como el derecho a heredar, la subrogación en el arrendamiento, a recibir alimentos en caso de necesidad y a la tutela legítima.

 

 

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