La periodista Katia D'Artigues informó la semana pasada en su blog de El Universal sobre la posibilidad de que la Primera Sala atraiga un amparo promovido por una persona con síndrome de Asperger padecimiento que se considera como una discapacidad intelectual.

 

En el caso, los representantes del quejoso promovieron un amparo en contra de una sentencia que lo pone en estado de interdicción, por el que se limita su personalidad jurídica, específicamente su capacidad de tomar decisiones por si misma, por lo que todas las decisiones legales de esa persona deben de ser tomadas por el tutor.

 

El juez sexto de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal negó el amparo al quejoso al considerar que éste no tiene un derecho humano a actuar por sí mismo en la sociedad mexicana.

 

El quejoso interpuso un recurso de revisión, mismo que se pretende sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de que el caso se analice a la luz de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2007 (CDPD), que entró en vigor en México el 3 de mayo de 2008.

 

Esta Convención establece en su artículo 12 que como obligación de los estados parte el reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas con discapacidad, incluyendo la intelectual, debiendo adoptar  las medidas pertinentes para proporcionarles el apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica, respetando sus derechos, su voluntad y sus preferencias.

 

El artículo también dispone que los “Estados Parte tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria”.

 

A pesar de que los Estados Parte se comprometen a adoptar todas las medidas pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención, incluyendo las legislativas y que nuestro país firmó la convención en 2008, hasta el momento las mismas no se han implementado.

 

El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) realizó un Seminario sobre Capacidad Jurídica y Acceso a la Justicia, en  2010 de donde se obtuvo un informe final con recomendaciones para la implementación del artículo 12 de la Convención.

 

Estas recomendaciones destacan que todos los códigos civiles, familiares y procedimentales en México deben ser reformados a efecto de cumplir con los nuevos principios de plena capacidad jurídica e inclusión legal, social y económica de las personas con discapacidad a los que México se comprometió al ratificar la Convención.

 

De continuar la existencia del estado de interdicción, se concluye que “los efectos legales del nombramiento de un tutor no deben ser el privar a las personas con discapacidad de su capacidad jurídica de ejercicio, y el apoyo que proporcione el tutor debe centrarse en todo momento en la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad misma que deberá controlar en todo momento la adopción de cualesquiera decisiones, por ejemplo, haciendo indispensable la firma de la persona con discapacidad en cualesquiera actos que se refieran a sus bienes o patrimonio”.

 

Como dice Katia D’Artigues ojalá la Suprema Corte atraiga  y discuta este asunto para definir cómo se debe aplicar la Convención y los nuevos principios a favor de las personas con discapacidad intelectual.

 

 

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