Esta semana, después de dieciséis meses, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Amparo, misma que debió haber entrado en vigor el 4 de octubre de 2011.

 

El artículo que fue centro de la discusión en el pleno fue el 129 que establece los casos en los que de concederse la suspensión del acto reclamado se genera perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público. Es de destacar que la Ley de Amparo vigente prevé varios de los supuestos incluidos en este proyecto.

 

Específicamente el debate se centró en la fracción XIII que prevé que no procede la suspensión  cuando se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 constitucional.

 

Los bienes del dominio directo del Estado son los hidrocarburos (petróleo), energía eléctrica, energía nuclear, aguas, minerales y el espacio situado sobre el territorio nacional (que incluye el espectro radioeléctrico situado en el espacio aéreo, es decir telecomunicaciones).

 

Para algunos legisladores esta disposición también puede afectar la tenencia de la tierra, especialmente a comunidades agrarias o comunidades indígenas propietarias de ejidos y fraccionamientos. Para otros, la propuesta esáa dirigida especialmente a los concesionarios de minas y telecomunicaciones que han llegado a caer en abusos en la administración de sus concesiones.

 

Algunos juristas, por su parte, considerán que esta fracción generará un estado de inseguridad jurídica que desalentará las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, por ello desde mediados del año pasado el sector empresarial estuvo cabildeando en la Cámara de Diputados para que se retirara o modificara esta fracción, lo que detuvo la discusión del proyecto en la legislatura pasada. Finalmente esas pláticas no tuvieron éxito.

 

La única modificación que se aceptó con respecto a este artículo129  es la que se refiere a la fracción I para incluir como uno de los supuestos para que se niegue la suspensión, cuando continúe el funcionamiento de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos, es decir, los casinos.

 

Además de esta adición, la Cámara de Diputados decidió modificar, del texto aprobado en octubre de 2011 por la Cámara de Senadores, doce artículos de la ley y dos artículos transitorios.

 

En ese orden de ideas, en términos del inciso E, del artículo 72 constitucional, el proyecto pasa otra vez a la Cámara de Senadores. El Senado únicamente podrá discutir las modificaciones que realizó la Cámara de Diputados, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados por las dos Cámaras. Así, la controversial fracción XIII de la nueva Ley de Amparo ya no puede volver a ser discutida.

 

Si las notificaciones hechas por los Diputados son aprobadas por el Senado, el proyecto de Ley de Amparo pasará al Ejecutivo, quien de no tener observaciones deberá publicarla.

 

Llama la atención que esta fracción en particular haya generado tanta controversia en la Cámara de Diputados, ya que algunos de los diputados que se opusieron a esa disposición, eran parte del Senado cuando esa Cámara aprobó por unanimidad esta nueva Ley de Amparo.

 

 

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