En los últimos días las policías comunitarias en el estado de Guerrero han llamado la atención de los medios de comunicación, especialmente la creada en el municipio de Ayutla de los Libres por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) a raíz de los retenes que establecieron en sus comunidades con vigilantes encapuchados, la detención de 54 presuntos delincuentes y su próximo juicio popular.

 

Juristas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos se han pronunciado en contra de estos llamados cuerpos de autodefensa, especialmente de los juicios populares y las sentencias que estos podrían emitir, que desde su punto de vista son contrarios al artículo 17 Constitucional, que establece que ninguna persona puede hacerse justicia por sí misa misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

 

Asimismo, señalan que los usos y costumbres de los pueblos indígenas, por ningún motivo pueden contravenir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado Libre y Soberano de Guerrero ni las leyes vigentes.

 

Pero la Policía Comunitaria no es un fenómeno nuevo, sino que existen desde hace casi 17 años. La Policía Comunitaria nace el 15 de octubre de 1995 en el Municipio de Malinaltepec, en la comunidad de Santa Cruz El Rincón en una Asamblea Comunitaria en la que participaron 38 comunidades.

 

El concepto ha evolucionado paulatinamente y de entregar a los detenidos al Ministerio Público, en 1998 decidieron impartir justicia “con base en la tradición de los ancestros” porque los presuntos delincuentes no eran procesados y terminaban siendo liberados, creándose la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

 

Mientras que para algunos la actuación de las policías comunitarias se encuentra fuera del marco legal, la CRAC considera que su sistema de seguridad e impartición de justicia tiene su fundamento en el artículo 2 y 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

El artículo 2 estable los derechos de los pueblos indígenas entre los que se incluye como principio su derecho a a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para entre otros “aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes”.

 

El artículo 39 establece que “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

 

Asimismo, citan el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, pero principalmente el artículo 9 que establece que deben respetarse los métodos a que los pueblos indígenas recurren tradicionalmente para la represión del os delitos cometidos por sus miembros, en la medida en que sean compatibles con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos. México ratificó este Convenio el 5 de septiembre de 1990 y entró en vigor en nuestro país el 5 de septiembre de 1991.

 

El sistema comunitario de impartición de justicia establecido por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias aparentemente cuenta con un Reglamento Interno que regula el proceso que se sigue en contra de los detenidos y establece como sanción la reeducación que incluye pláticas formativas con distintos organismos de la comunidad y el trabajo a favor de la comunidad.

 

Para algunos el trabajo comunitario podría ser contrario al propio convenio 169 ya que el artículo 11 prohíbe  la imposición a miembros de los pueblos indígenas de servicios personales obligatorios de cualquier índole.

 

El Reglamento Interno también establece las garantías del debido proceso en este particular sistema de justicia.

 

La CRAC tiene actualmente un conflicto con la UPOEG por lo que se desconoce si los detenidos por la policía comunitaria de Ayutla serán juzgados aplicando ese Reglamento.

 

En el Congreso de Guerrero se presentó una iniciativa para darle un marco legal a las policías comunitarias estableciéndolos como coadyuvantes en materia de seguridad pública, pero la propuesta ha sido rechazada por las comunidades que participan en la policía comunitaria.

 

Actualmente la policía comunitaria implementada por la CRAC existe en los municipios deAtlamajacingo del Monte, San Luis ACATLAN, Metlatonoc, Malinaltepec, Marquelia, Copanatoyac, Cochoapa, Iliatenco, Tlapa y Xalpatlahuac en la región  de la Montaña y Costa Chica.

 

En Ayutla es operada por la UPOEG. Además en algunas comunidades de Oaxaca también están organizando ya una policía comunitaria.

 

Será todo un galimatías poder incorporar a nuestro sistema legal esta justicia comunitaria.

 

 

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