Tras el comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto de la autorización a Banamex de seguir operando, pese a que Citigroup cuenta con participación del gobierno estadounidense, ha desatado una fuerte polémica en el país.

Los legisladores del PRI y PRD ya anunciaron que interpondrán una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque dicha autorización carece de fundamento legal y es flagrantemente violatoria del artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito que establece en su segundo párrafo que “No podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple, personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad”.

Más allá de que se trate del sistema bancario, el asunto plantea un grave problema relativo a la legalidad de diferentes actos administrativos del ejecutivo federal.

Por ejemplo y pese a que el asunto se tendrá que analizar a profundidad, queda también el cuestionamiento respecto de la imposición de aranceles a productos agrícolas de Estados Unidos como represalia por la prohibición al paso de camiones a territorio estadounidense, que podría considerarse violatorio del TLCAN, que recordemos, según nuestro sistema jurídico tiene rango de ley federal. ¿Pude el ejecutivo de un plumazo cambiar una ley?

Se nos han hecho numerosos llamados a combatir la inseguridad denunciando y cumpliendo las leyes y se ha empezado a generar un movimiento tendiente a la legalidad, quizá todavía muy incipiente, que comienza con la educación de nuestros niños. Pero si el mismo gobierno flagrantemente viola la ley para acomodarla a sus necesidades ¿cómo podemos convencernos de que lo correcto es apegarnos a las normas? Esta política es muy peligrosa no nada más para la sociedad sino para la propia credibilidad gubernamental.

 Fuente El Universal

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