Debido al principio de legalidad, todas las dependencias de la administración pública deben estar creadas en una ley que no nada más les de el origen y fundamento para existir, sino que además les otorga facultades para actuar.

 

Pero tristemente, parecen ser las propias autoridades quienes incumplen este principio de legalidad al cambiar el nombre de las oficinas administrativas a su libre albedrío, sin sujetarse a las leyes y reglamentos.

 

Por ejemplo, en el Reglamento Interno del Sistema de Administración Tributaria (SAT), se crea la Administración Central de Comunicación Institucional. Pero si te das a la tarea de buscar esa oficina, no la vas a encontrar porque a alguien le pareció que se escuchaba mejor llamarla Administración Central de Relaciones y Comunicación.

 

¿Y cuál es el problema? Que esa oficina en estricto derecho no existe y que como tal no tienen la facultad legal de efectuar ningún acto administrativo porque no existe ningún fundamento de sus atribuciones.

 

Por eso cuando se impugna algún acto administrativo, es fácil ganarles, no por el acto mismo que se impugna, sino porque no hay fundamento legal para expedirlo.

 

A ver si a las autoridades "les cae el veinte" de que no es lo mismo administrar el estado mexicano que una empresa privada, y que, aunque les pese, se encuentran sujetos a leyes y normas que a los habitantes nos dan seguridad y certeza. Eso es también vivir en un estado de derecho.

 

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