Imprimir

El pasado viernes concluyó el proceso legislativo en el Congreso de la Unión de la reforma educativa con cambios a los artículo artículo 3 y 73 constitucional, al ser aprobada por ambas cámaras. Ahora pasará a trámite a los congresos estatales, en donde deberá ser aprobada por dieciséis entidades federativas para que pueda ser publicada en el Diario Oficial de la Federación y considerada ley vigente.

 

Después deberán de negociar y aprobar la ley del servicio profesional docente en donde se deberá regular el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio, siendo nulos todos los ingresos y promociones otorgados conforme a la ley.

 

Exactamente la creación del sistema profesional docente y  sobre todo la “permanencia” de los maestros que no aprueben las evaluaciones, es lo que generó más controversia.

 

Se ha dicho que esta disposición es anticonstitucional ya que presuntamente contraviene el artículo 123 apartado B, que regula la relación de los trabajadores al servicio del Estado, al establecer requisitos y condiciones en las que se desarrolla la relación laboral de los trabajadores de la educación. 

Inclusive se reclama que se establezca para los trabajadores de la educación un “status de excepción”. Pero de aprobarse por los congresos de los estados este no sería el único régimen de “excepción” que existe para los servidores públicos.

 

La Constitución prevé un servicio profesional de carrera para los defensores públicos, un servicio profesional electoral, y un servicio profesional para ser integrante de las instituciones de seguridad pública, también leyes secundarias establecen otros el servicio profesional de carrera para la administración pública federal, o es creado por disposiciones reglamentarias como el servicio profesional de carrera en el Instituto Nacional de Geografía y Estadística.

 

Los Poderes Legislativo y Judicial también tienen un servicio profesional de carrera, al igual que distintas entidades de la República

 

En todos estos sistemas se contempla la evaluación de las capacidades de estos servidores públicos para permanecer en el sistema y en el cargo y se establecen mecanismos para que aquel servidor público que no apruebe en una primera instancia, reúna los elementos para hacerlo en otro momento.

 

Inclusive en el servicio profesional para ser integrante de las instituciones de seguridad pública se llega a el extremo de preverse en la Constitución que aunque la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho el trabajador, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.

 

Todos estos regímenes están en concordancia con las disposiciones del apartado B del artículo 123 constitucional que establece que el ascenso se otorgará, entre otras razones, en función de los conocimientos; que la designación del personal se hará mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes; que los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley.

 

 

Y también deberá estar en concordancia con la constitución el sistema profesional docente, porque sin duda los derechos de los maestros deben ser respetados y el destino de aquellos que no aprueben las evaluaciones corresponde definirlo en la legislación secundaria.

 

Pero también es un hecho que el magisterio no debe tener privilegios por sobre otros servidores públicos cuya permanencia en el servicio está regulada y que en ningún momento esta garantizada si no se es apto para el empleo.

 

 

www.miabogadoenlinea.net