El día de hoy se presentará al pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal una iniciativa para derogar el artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal que establece el delito de ataques a la paz pública.

 

Se espera que esta iniciativa se apruebe de forma en un corto plazo a fin de que se publique lo más pronto posible en la Gaceta Oficial de la entidad, y los 14 jóvenes que se encuentran sujetos a proceso por los disturbios del 1° de diciembre acusados de este delito sean puestos en libertad de inmediato.

 

El artículo a derogarse establece que se le impondrán de cinco a treinta años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años, al que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia extrema, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del Gobierno del Distrito Federal, o presionen a la autoridad para que tome una determinación.”

 

El texto de esta disposición no ha sido modificado desde que el Código Penal del Distrito Federal fue promulgado el 16 de julio de 2002, y originalmente la denominación aprobada por el Pleno de la Asamblea  para este delito era de "terrorismo". El Jefe de Gobierno de aquel entonces realizó diversas observaciones al proyecto de Decreto, entre las que se incluyó modificar la denominación del delito a ataques a la paz pública.

 

La exposición de motivos de la iniciativa para derogar el artículo considera que aunque se cambió la denominación del delito, se trata del delito del terrorismo, ya que es coincidente con el texto del Código Penal Federal y el de otras entidades de la República, por lo que al consignar a los manifestantes del 1° de diciembre bajo este delito se “criminaliza la protesta social; y envía un mensaje negativo a la población”.

 

 En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Antonio Padierna, argumentó que el artículo es inconstitucional al atentar en forma flagrante las garantías individuales del derecho de manifestación y el derecho de expresión. “No se debe confundir la protesta social y la libre manifestación con ataques a la paz pública, porque no es equiparable y menos compararla con la figura de terrorismo”, aclaró.

 

Aprobar la derogación de este artículo podría ser una decisión precipitada del poder legislativo del Distrito Federal, ya que en 2009 se dieron tres atentados en contra de una tienda en Polanco, una agencia automotriz ubicada cerca del aeropuerto y un cajero automático en Tlalpan.

 

En el caso de la agencia automotriz de los tres jóvenes detenidos sólo uno fue procesado al ser mayor de edad y se le acuso de daño en propiedad, asociación delictuosa y ataques a la paz pública.

 

En febrero de 2010 otro joven fue detenido al intentar detonar tres tanques de gas butano en la estación General Anaya del metro. También fue acusado de daño en propiedad y ataques a la paz pública.

 

En junio de este año se dieron dos atentados más en Talpan y Coyoacán.

 

 

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