Próximamente será publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Víctimas que reconoce y garantiza los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, estableciendo entre sus disposiciones el derecho de las víctimas a una compensación, es decir, la reparación económica a que la víctima tenga derecho.

 

La ley dispone que “la compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo”, lo que concuerda con los criterios que ha venido emitiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

Así, en las tesis aisladas 1a. CXCIV/2012 (10a.) y 1a. CXCV/2012 (10a.) la Primera Sala ha establecido que a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011, el derecho a una reparación integral o justa indemnización ante la vulneración de derechos fundamentales, previsto en el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, puede considerarse incorporado al ordenamiento jurídico mexicano.

 

En este orden de ideas, la Corte define reparación integral o justa indemnización como un derecho que debe tutelarse en favor de los gobernados, y no debe limitarse en forma genérica por el legislador innecesariamente, y atendiendo a los criterios que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, permite, en la medida de lo posible, anular todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que debió haber existido con toda probabilidad si el acto no se hubiera cometido.

 

De no ser esto posible, es procedente el pago de una indemnización justa como medida resarcitoria por los daños ocasionados, lo cual de ninguna manera debe implicar generar una ganancia a la víctima, sino otorgarle un resarcimiento adecuado, ajustándose a cada caso concreto y de acuerdo con las circunstancias específicas.

 

Desde 2009 se ha manifestado la Corte en este sentido, en particular en los casos de legislación sobre responsabilidad patrimonial del estado que establecen topes máximos de indemnización, señalando que los mismos son inconstitucionales al contravenir el artículo 113 de la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte.

 

Estará en manos de los jueces determinar el monto de las compensaciones, tomando en consideración todas las circunstancias relacionadas al daño ocasionado y los criterios de la Corte, incluyendo aquél que establece que las compensaciones no pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores. No será tarea fácil.

 

 

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