La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León presentó ante el Congreso local una iniciativa de Ley Que Regula el Empleo de la Fuerza y las Armas por las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y Municipios de Nuevo León.

 

La iniciativa propone prohibir el empleo de armas letales en contra de vehículos o personas que traten de huir de una inspección de carácter administrativa así como en el caso de que el conductor de un vehículo haga caso omiso a la orden de detener su marcha.

 

Para el caso la iniciativa señala que el policía deberá realizar una persecución física o emplear armas no letales para lograr la detención del vehículo o el sometimiento del conductor o de sus acompañantes.

 

La ley pretende reglamentar los casos en que los policías municipales y estatales usen la fuerza letal o no letal y la acota a los siguientes casos: Para salvaguardar la vida o la integridad física de él, del presunto infractor o de cualquier otra persona; someter a la persona que se resista a la detención ordenada por una autoridad competente o que ha infringido alguna ley o reglamento; cumplir con un deber o con una orden lícita girada por autoridad competente; prevenir la comisión de conductas ilícitas; proteger o defender bienes jurídicos tutelados; o por legítima defensa.

 

Además presenta un protocolo en caso de la utilización de la reducción física y el proceder con respecto a las armas no letales.

 

En cuanto a las armas de fuego, se prohíbe su uso en situaciones injustificadas, destacando la exclusión del uso de armas de fuego especialmente en contra de menores debiendo hacerse usos de las mismas sólo en caso de defensa propia o en peligro inminente de muerte o lesiones graves.

 

Asimismo, las armas de fuego podrán ser utilizadas cuando se tenga el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave, que entrañe una seria amenaza para la vida de alguna persona; y, con el objeto de detener a una persona que represente un peligro inminente de muerte o lesiones graves y oponga resistencia, o para impedir su fuga.

 

Esta es la segunda iniciativa que se presenta para regular el uso legítimo de la fuerza por parte de las instituciones de seguridad pública.

 

Anteriormente fueron presentadas dos iniciativas ciudadanas para crear leyes sobre el uso legitimo de la fuerza pública, pero estas fueron rechazadas con el argumento de que se trata de una materia concurrente entre el estado y la federación, por lo que el Congreso local consideró necesaria una ley general en donde se faculte a las entidades federativas a legislar sobre la materia.

 

De aprobarse esta nueva iniciativa el Congreso local caería en una obvia contradicción.

 

 

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