Desde noviembre se ha estado discutiendo en el Congreso de la Unión la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para incorporar la Secretaría de Seguridad Pública federal a la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Función Pública a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En la Cámara de diputados la iniciativa fue aprobada por 323 votos a favor y 91 en contra.

 

El proceso en la Cámara de Senadores ha sido distinto y ha generado enfrentamientos entre los distintos partidos, principalmente por la propuesta del PAN y el PRD de adicionar un párrafo al artículo 27 para que el Senado ratifique los nombramientos que realice el Presidente del Comisionado Nacional de Seguridad y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se presenten informes semestrales sobre la política criminal del Estado.

 

Los nombramientos ratificados por el Senado y solicitud de informes ya han generado conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Al final del último año de la administración de Vicente Fox se promovieron dos acciones de inconstitucionalidad por esta causa promovidas por el entonces Procurador General de la República, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández.

 

Las acciones de inconstitucionalidad se presentaron en primer lugar, en contra de las modificaciones a la Ley Federal de Competencia Económica, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de junio de dos mil seis. En este caso, en el artículo 26 se facultaba a la Cámara de Senadores o, en su caso, a la Comisión Permanente, para objetar el nombramiento de los comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica. Asimismo en el artículo 28 fracción III, se establecía  la obligación de presentar un informe anual al Congreso de la Unión.

 

El segundo caso fue en relación con la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 2006, que entre otras disposiciones que se controvirtieron, preveía en el artículo 12 que los Consejeros independientes de la Procuraduría, serían designados por el Senado de la República o, en su caso, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, así como el artículo 5 que establecía la obligación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente de informar  anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de su función.

 

En ambos supuestos, el Poder Ejecutivo, a través del Procurador, argumentó que las disposiciones que facultaban al Senado para participar en los nombramientos de funcionarios violaban el principio de división de poderes previsto en el artículo 49 de la Constitución Federal, así como el contenido del artículo 89, fracción II, que establece la facultad originaria de libre nombramiento con que cuenta el Presidente de la República, la cual sólo puede ser limitada en la Constitución o en las leyes.

 

Respecto a los informes independientes se consideró que también violentaban el principio de división de poderes, ya que en virtud de dicho principio, para que un poder rinda un informe a otro, la propia Carta Magna debe ordenarlo de manera explicita o implícita.

 

En sus sentencias de acción de inconstitucionalidad 33/2006 y 38/2006 la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que efectivamente las disposiciones violaban la Constitución y las declaro inválidas.

 

Son de destacar las consideraciones de la Corte vertidas en la sentencia de acción de inconstitucionalidad 38/2006 en contra de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

 

Esta sentencia señala la preocupación del constituyente del 17 de poner límites a los órganos del Estado, para hacer efectivo el principio de división de poderes reconociendo que el Legislativo se ve constantemente tentado a someter a su voluntad al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial “…en atención a la importante facultad que le es inmanente, emisión de normas, que pueden incidir en la esfera de competencia de los otros dos poderes, su naturaleza política como órgano de Estado, y la condición humana de los miembros que lo conforman”.

 

La sentencia también destaca la discusión en el Constituyente del 17 sobre la redacción del artículo 89, fracción II, en la que en un momento se propuso que el nombramiento de los Secretarios de Estado fuera aprobado por el Senado.

 

La propuesta no fue aceptada y en la discusión se dijo que el Presidente de la República “… debe tener un programa trazado, una política que bajo ningún concepto debe estar supeditada a otro Poder; para esto debe tener una libertad de acción, su acción debe ser franca y esa acción, de la que él es el responsable, debe ejercerla únicamente sin que el Poder Legislativo intervenga’ ”.

 

También se explicó que la posibilidad de que el Legislativo interviniera en los nombramientos de los Secretarios fomentaría "… el deseo sin límites de figurar, y en (el) Congreso de la Unión, .. existirá una enorme ambición de poder, y los representantes sólo lucharán por ver ocupar tal o cual ministerio, y entonces la intriga caerá, pues seguramente, en un momento dado ganarán unos y en otro momento ganarán otros, y el vencido jamás se conformará…"

 

Por otra parte, sobre los informes, la sentencia de acción de inconstitucionalidad 38/2006 concluye que es la propia Constitución Federal la que establece los casos en que uno de los Poderes rinde informe ante otro, para proteger su naturaleza de autónomos que les otorga la propia Constitución; por lo que “no es posible que una ley secundaria, …establezca ese deber de rendir informe de un Poder a otro, pues ello equivaldría a que una norma de menor jerarquía permita que un Poder se sobreponga a otro, en detrimento de su esfera competencial y de su carácter de autónomo, y sobre todo, en franca violación del principio de división de poderes en que se sustenta la organización del Poder Público en nuestro país.”

 

Una vez más resurgen los argumentos a favor y en contra de este tipo de propuestas, lo curioso es que son los mismos argumentos que hace seis años y que dan vigencia a lo dicho por el Constituyente de 1917, lo único que ha cambiado son los lugares que ocupan los protagonistas de esta historia.

 

 

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