La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver un juicio de amparo determinó que únicamente con el aviso de terminación y su notificación al otro conviviente en el plazo establecido por la propia Ley de Sociedad en Convivencia del Distrito Federal, puede afirmarse que el acto jurídico formal consistente en la sociedad de convivencia ha terminado de manera definitiva.

 

Los ministros concluyeron que el aviso de terminación no es un requisito superfluo establecido por el legislador, sino que constituye un acto jurídico que genera consecuencias legales relevantes.

 

“La sociedad de convivencia constituye, a partir de su registro, un acto jurídico formal que no puede darse por terminado sin el aviso a la misma autoridad que participó en su suscripción, pues al estar debidamente constituida, registrada y ratificada, no es únicamente una relación de hecho sino de derecho, de ahí que la ley prevea un procedimiento específico para terminarla” señalaron.

 

Por ello es indispensable el cumplimiento de la obligación impuesta por el artículo 24 de dar aviso de terminación a la autoridad registradora cuando pretendan disolverla, ya que será esta instancia la que notifique dicha determinación al otro conviviente para que éste pueda ejercer las acciones previstas, por ejemplo, respecto a la pensión alimenticia.

 

Por esta razón, negarle valor jurídico a esta obligación implicaría, no sólo tener por no puesta una disposición legal expresa, sino dejar en indefensión a los convivientes, mismos que no tendrían claridad y certeza respecto de los términos y plazos previstos en la ley.

 

En el caso, el quejoso promovió amparo, manifestando que durante la vigencia de la convivencia se dedicó a las labores del hogar, mientras el ahora tercero perjudicado aportaba los medios económicos para sufragar los gastos. Razón por la cual solicitó pensión alimenticia, misma que se le negó por la instancia competente, con el argumento de que su acción había prescrito, pues la misma ley establece que este derecho podrá ejercerse sólo durante el año siguiente a la terminación de tal sociedad.

 

 

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