La responsabilidad patrimonial del estado fija las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado, y se fundamenta en el artículo 113 constitucional y en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

 

En entrevista para www.nortedigital.mx José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal A.C., propone demandar al gobierno federal “por haber generado daños patrimoniales, personales, morales e incluso mortales a ciudadanos fronterizos, por efecto de su labor de combate al narcotráfico” haciendo uso de esta ley.

 

Para el abogado la clave está en probar que durante las acciones del Gobierno federal en contra del crimen organizado, especialmente en Ciudad Juárez, “existió algún tipo de actividad irregular por incapacidad, por falta de coordinación, por falta de acción que como consecuencia derivó en afectaciones que la ley contempla como susceptibles de indemnización”.

 

“Lo malo es que tienes un año a partir de que ocurrió esa actividad irregular para presentar tu demanda antes de que prescriba, se tienen que empezar a meter las reclamaciones, y habría que ir viendo cada hecho por separado” indicó.

 

Ortega Sánchez considera que con estas demandas se iría estableciendo criterios judiciales de interpretación de la ley a favor de las víctimas de una mala actuación de las fuerzas de seguridad pública en general y en la lucha contra el crimen organizado en particular.

 

En abril de 2010, el entonces diputado Rubén Moreira Valdez, presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, para exactamente establecer de forma clara en la ley de responsabilidad que el Estado mexicano sea responsable de indemnizar ante actos ilegales o indebidos cometidos por los elementos de los cuerpos policíacos o por los integrantes de las Fuerzas Armadas.

 

En la iniciativa se consideraba urgente establecer la posibilidad de reclamar al Estado mexicano una justa indemnización por los daños y perjuicios causados por los elementos que integran los cuerpos de seguridad y defensa del propio Estado en los casos en que se compruebe el uso indebido o desproporcionado de la fuerza pública o la violación de los derechos humanos, ya sea que cuenten o no con orden judicial o de autoridad competente.

 

Pero hasta el momento esta iniciativa aun no ha sido aprobada.

 

 

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