El día de ayer el Senado aprobó una minuta de la Cámara de Diputados que modifica a los artículos 5 y 8  de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, para sustraer de este servicio a aquellos servidores que ocupen los cargos de Director General y sus niveles de Adjunto, Homólogos y cualquier otro equivalente.

 

La propuesta ha sido duramente criticada por los Senadores del PAN quienes consideran que se trata de una reforma regresiva, sin embargo, cuando la iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados el 30 de octubre de 2007 esta fue aprobada por 362 votos a favor y cinco en contra, incluyendo 160 votos a favor de los legisladores del PAN y sólo 1 en contra.

 

Inclusive cuando la iniciativa se discutió en el pleno de la Cámara de Diputados, el representante del Partido Acción Nacional, José Guillermo Velázquez Gutiérrez, coincidió con los argumentos que actualmente se han emitido a favor de la iniciativa en la Cámara de Senadores al señalar que  “es imperativo que el Ejecutivo pueda designar a sus directores generales, inclusive en sus niveles de adjunto u homólogo, y contar con personas de absoluta confianza, con el objetivo claro de aplicar de manera eficiente y eficaz sus políticas públicas”.

 

Pero el que estas reformas no hubiesen sido aprobadas no hizo gran diferencia para la administración que está por concluir. Según información entregada por la Secretaría de la Función Pública a la Cámara de Diputados, en la Administración Pública Centralizada existen 42,402 puestos de mando considerando desde el nivel de enlace hasta el Presidente de la República. De éstos, 37,256 pertenecen ya al Servicio Profesional de Carrera y 29,521 se consideran “inamovibles”.

 

De las plazas que son parte del Servicio Profesional de Carrera, 1,860 puestos se ocupan  haciendo uso del artículo 34 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera que establece una excepción temporal al concurso abierto por causa de fuerza mayor o por ocupación necesaria para puestos de áreas sustantivas o estratégicas, sin que se lleve a cabo el concurso correspondiente.

 

Así, para la administración que inicia existirían 5,146 puestos restantes "disponibles" ya sea para libre designación o designación directa, existiendo libertad de nombrar al personal sin ninguna restricción, y con la reforma se adicionarían 1,213 plazas de directores generales y 2, 409 de directores generales adjuntos y homólogos.

 

Además, según el informe existen 7,735 plazas que están vacantes, pero sujetas al procedimiento del sistema del servicio profesional de carrera, y que en cualquier caso se pueden asignar en forma directa con fundamento en el artículo 34 de la Ley. Además, existen casos documentados en los que varios aspirantes han intentado ingresar a distintos puestos y ha resultado que el proceso está amañado para designar a una persona específica.

 

Respecto a los 29,521 puestos del serviico profesional de carrera que supuestamente se consideran “inamovibles”, es necesario aclarar que el artículo 63 de la ley establece que la pertenencia al servicio no implica inamovilidad, y el artículo 60 contempla las causas por las que deja de surtir efectos un nombramiento, entre las que se encuentra la renuncia.

 

Exactamente esa práctica de requerir la renuncia a los servidores públicos en un cambio de administración es algo que esta ley no ha logrado erradicar, y en caso de que el servidor público se niegue a presentar la renuncia se suele presionarle de distintas formas para que en un juego de fuerza y resistencia termine por presentar su renuncia, o en el mejor de los casos, acepte un puesto de nivel inferior o un contrato por honorarios a fin de conservar la plaza o la fuente de ingresos.

 

Por otra parte, es necesario precisar que el servidor público de confianza no tiene derecho a la estabilidad en el empleo, por lo que al terminar su relación laboral no recibe una indemnización como equivocadamente afirma el Senador Javier Corral, a menos que sus relaciones de trabajo se rijan por el apartado A del artículo 123 constitucional.

 

Invariablemente los servidores públicos de vocación en cada cambio de administración saben que está en juego su futuro.

 

 

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