El 30 de mayo de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, y tiene como objetivo “promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades”.

 

Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa, promovió un amparo en contra de los artículo 2 fracción IX y 9 de esta ley alegando la inconstitucionalidad de los mismos, ya que obliga a las compañías aseguradoras a celebrar seguros con personas con discapacidad, no obstante que dicho contrato es de mutuo acuerdo. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación les negó el amparo.

 

El Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Del Primer Circuito ya había negado el amparo, pero Inbursa promovió recurso de revisión en contra de la decisión que les negaba el amparo.

 

En los artículo impugnados, por una parte se define el concepto de “Discriminación por motivos de discapacidad”, señalando que esta es “cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables”.

 

En cuanto al artículo 9, se establece claramente la prohibición de “cualquier tipo de discriminación contra las personas con discapacidad en el otorgamiento de seguros de salud o de vida”.

 

Para negar el amparo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación partió de la premisa de que la discapacidad no constituye una enfermedad y que ésta debe ser considerada como una desventaja causada por las barreras que la sociedad genera al no atender de manera adecuada las necesidades de las personas con diversidades funcionales.

 

Los ministros señalan que la ley impugnada establece una nuevo paradigma en la concepción de la discapacidad en las relaciones jurídicas, políticas y sociales, por lo que las compañías privadas que ofertan seguros deben adoptar como directriz principal de sus actividades los derechos fundamentales de igualdad y de no discriminación.


Por ello, los seguros no deben atender a las diversidades funcionales como elementos determinantes para el acceso en la prestación de servicios de seguros de vida y de salud.


En definitiva, la Primera Sala señaló que las compañías de seguros deberán cumplir con los siguientes lineamientos:


1. Permitir el acceso a las personas con discapacidad en la contratación de los servicios de seguros.


2. Dejar de equiparar a las discapacidades con las enfermedades en los términos de contratación.


3. Crear políticas integrales atendiendo a los distintos aspectos relativos al desarrollo y bienestar de la persona.


4. Diseñar planes de tal forma que incluyan a personas con y sin discapacidad.

 

Estos criterios son un precedente para nuevos casos que se presenten en contra de las aseguradoras por casos de discriminación en la contratación de seguros para discapacitados.

 

Tal vez Inbursa y otras compañías aseguradoras deberían voltear hacia España en donde el sector asegurador desarrolló un nuevo nicho de mercado creando productos especiales diseñados para las personas con discapacidad tales como seguros médicos, pólizas de vida e invalidez, de viajes y otros más especializados como el seguro de equipos de tiflotécnicos que cubre los equipos electrónicos que utilizan los ciegos y deficientes visuales para acceder a la información.

 

 

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