El 29 de diciembre de 2009 fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la reforma a los artículos 146 y 291 Bis del Código Civil local mediante el cual se modifica tanto el matrimonio como el concubinato a fin de que ambas instituciones estén abiertas no sólo a parejas heterosexuales, sino también a parejas del mismo sexo.

 

Las disposiciones entraron en vigor el 4 de marzo de 2010. Al 4 de marzo de este año se habían celebrado 1, 371 matrimonios entre parejas del mismo sexo y es posible que para este mes se hayan celebrado 400 matrimonios más.

 

Después de analizar una acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los matrimonios de parejas del mismo sexo no violan la Constitución.

 

En una de las tesis derivadas de esa controversia constitucional la SCJN determinó que el matrimonio entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal tiene validez en otras entidades federativas conforme al artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (P./J. 12/2011, 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XXXIV, Agosto de 2011; Pág. 875

 

Esa tesis señala que “la regla contenida en la fracción IV del artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a que los actos del estado civil que se encuentran ajustados a las leyes de un Estado tendrán validez en los otros, implica el reconocimiento pleno de que todo acto del estado civil que se lleve a cabo cumpliendo con las formalidades contenidas en la ley de una entidad, será válido en las demás, aun cuando no guarde correspondencia con su propia legislación”.

 

Por ello varias parejas del mismo sexo residentes en otros estados de la República han decidido contraer matrimonio en el D.F.

 

Pero desgraciadamente una cosa es el derecho y otra los hechos. Aunque legalmente este matrimonio debe ser válido en los demás estados de la República, no ha sido reconocido tanto por el Estado como por los particulares. Un ejemplo es el caso Carla María Herrera Guerrero, Premio al Mérito Cívico 2012, que denunció que el Club Campestre de Chihuahua, S.C. no reconoce a su esposa.

 

Pero a nivel federal los casos más destacados han sido en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicios del Estado (ISSSTE), quienes a través de sentencias de amparo se han visto obligados  admitir como derechohabientes a los cónyuges de parejas del mismo sexo.

 

Los casos aun no han llegado a generar criterios de la Corte que permitan declarar la inconstitucionalidad de estas disposiciones, por lo que hasta el momento la única vía para el registro es el amparo.

 

Aunque en abril de 2012 se aprobó en la Cámara de Diputados la reforma a las leyes del IMSS y del ISSSTE para otorgar el derecho a la salud  a las parejas del mismo, hasta el momento no ha sido aprobada por el Senado.

 

El incidente que se presentó en Chihuahua para hacer valer un matrimonio entre personas del mismo sexo en una entidad federativa distinta al D.F., no es el primero ni será el último.

 

Los mismos problemas podrían tener aquellos que intenten tener hijos a través de la adopción o adoptar  a los hijos de su pareja, ya sean biológicos o adoptados. Inclusive se puede llegar al extremo de no reconocer la patria potestad de ambos cónyuges sobre los hijos o que no se conceda la guardia y custodia.

 

O si la pareja pretende divorciarse conforme a las disposiciones de otra entidad federativa, tal vez las autoridades judiciales de esa entidad federativa se nieguen a tramitar la disolución del vínculo matrimonial al no reconocerlo.

 

Asimismo, puede ser que enfrenten problemas al pretender hacer valer sus derechos en la sucesión de su cónyuge.

 

Aun quedan muchas batallas que este sector tiene que dar en el ámbito legal para que sus derechos sean plenamente reconocidos, pero esas batallas van más allá del reconocimiento del matrimonio o concubinato de parejas del mismo sexo.

 

Según una revisión hecha por Cecilia Rabell del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y Edith Gutiérrez del COLMEX a las cifras del Censo de Población y Vivienda del 2010, de las casi 26 millones de familias que hay en México casi un 1% están conformadas por parejas del mismo sexo, 229,473 para ser exactos, y de estas 172, 433 tienen por lo menos un hijo.

 

Esto quiere decir que sólo entre el 0.59 y 0.77 por ciento de las parejas del mismo sexo han alcanzado la protección que en algún momento podría brindarles ante las instituciones y particulares un matrimonio celebrado en el D.F.

 

Pero para medio millón de mexicanos el panorama aun no ha cambiado, sobretodo para los hijos de estas más de 172,000 parejas que están desprotegidos ya que la patria potestad sólo la tiene uno de ellos, y si fallece sin tomar las precauciones legales necesarias pueden quedar a la deriva, corriendo inclusive el riesgo de ser separados de su otro padre o madre, sin acceso al derecho a la salud, etcétera.

 

Estas familias homosexuales deben acudir ante un notario para realizar su testamento que les permita heredar sus bienes a su pareja y nombrarle tutor testamentario de los hijos, a fin de que se pueda hacer cargo de ellos y continuar con su vida en familia.

 

En México debemos reconocer que aunque el modelo tradicional de familia aun existe, también existen otros tipos de familia, por lo que se hace necesario efectuar cambios legislativos que reflejen esa nueva realidad.

 

 

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