El pasado 4 de marzo el director del Instituto Federal de Defensoría Pública, Magistrado César Esquinca, nombró a 11 abogados, provenientes de diferentes etnias de nuestro país, como miembros de este Instituto, con lo que hasta el día de hoy se contabilizan 25 abogados defensores conocedores de alguna cultura indígena y hablantes de esa lengua.

 

Estos nombramientos obedecen al mandato constitucional que establece en el artículo 2°, apartado A, fracción VIII, el derecho de los indígenas de acceder plenamente a la justicia, para lo cual deberán contar con intérpretes y defensores que conozcan su lengua, usos y costumbres.

 

Pero el hecho de que en México se hablen múltiples lenguas indígenas, que han sido catalogadas por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en 11 familias lingüísticas y 68 agrupaciones lingüísticas, deja claro que 25 defensores indígenas que hablan 20 lenguas diferentes, sigue siendo una cantidad insuficiente y revela la desigualdad de las oportunidades de acceso a la educación en nuestro país, al evidenciar la falta de abogados indígenas titulados.

 

Sin embargo, la habilitación de estos defensores es un avance para que no se sigan cometiendo injusticias como el caso de Sebastiana, a quien por no contar con defensa adecuada, se le negó su derecho de acceder plenamente a la justicia.

 

Fuente Consejo de la Judicatura Federal 
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