El Congreso del Estado de Veracruz está analizando un reforma al artículo 373 del Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, promovida por el titular del Ejecutivo, respecto al delito de perturbación del orden público.

 

En la exposición de motivos se reconoce que la manera como tipificó este delito introduce algunos elementos que propician incertidumbre en su aplicación, entre ellos, que “…la comisión del delito debería estar expresamente conectada con la intención de perturbar el orden público…” y que la falsedad de las afirmaciones debe ser efectivamente conocida por el responsable del delito.

 

Por ello se propone introducir en el texto del artículo dos precisiones para evitar su posible aplicación indebida, consistentes en que se demuestre la “intención de perturbar el orden público” y, por otra parte que la divulgación de información falsa se haga a sabiendas de que lo es.

 

Así el texto del artículo 373 quedaría en los siguientes términos “Artículo 373. Al que, con la intención de perturbar el orden público, de a conocer falsamente, por cualquier medio, la existencia de aparatos explosivos u otros que puedan causar el mismo efecto; de ataques con armas de fuego, o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, a sabiendas de ello, se le impondrá prisión de uno a cuatro años y multa de quinientos a mil días de salario, atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente producida”.

 

La existencia de estas conductas delictivas es real como se pudo comprobar en los recientes incidentes que se vivieron en Nezahualcoyotl y el oriente  de la Ciudad de México.

 

Esta disposición es semejante a la establecida por el artículo 561 del Código Penal Español u otros europeos y el argentino.

 

El delito de perturbación del orden público fue aprobado por el congreso del estado en septiembre de 2011 después de que a través de redes sociales se difundiera información sobre presuntos enfrentamientos cerca de escuelas en Boca del Río.

 

El delito fue impugnado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de una acción de inconstitucionalidad con número de expediente29/2011 que hasta el momento se encuentra pendiente de resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

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