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El pasado viernes 2 de noviembre se público en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la reforma al artículo 24 bis de la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal.

 

Con esta reforma toda persona “que ejecute conductas de crueldad, maltrato, daño o tortura en contra de un animal está obligada a la reparación del daño en los términos establecidos en el Código Civil y Código Penal, ambos para el Distrito Federal.

 

La reparación del daño, de ser el caso, incluirá la atención médica veterinaria, medicamentos, tratamientos o intervención quirúrgica.”

 

La adición publicada tiene casi un año que fue aprobada por la Asamblea Legislativa ya que sometió  a su consideración el 24 de noviembre de 2011.

 

Y aunque la adición implica sus beneficios, en el proceso legislativo se perdieron los más importantes, siendo inclusive distinto en su totalidad el texto aprobado al que contenía el dictamen que se presentó al pleno. El texto propuesto era:

 

“Artículo 24 Bis. Toda persona que ejecute conductas de crueldad, maltrato, daño o tortura en contra de un animal, podrá ser denunciada ante las autoridades correspondientes por cualquier habitante que tenga conocimiento o que se encuentre presente en el momento de los hechos.

 

En caso de que la gravedad de las lesiones ocasionadas al animal amerite atención médica veterinaria, medicamentos, tratamientos y/o intervención quirúrgica, los gastos generados serán cubiertos por el agresor. Si el agresor fuere el propietario, además se le incautará el o los animales por conducto del Juez Cívico del Distrito Federal y estará obligado a pagar la rehabilitación; en ambos casos, se impondrá la sanción que establece el Artículo 65 en su fracción III inciso c) de la presente Ley.

 

La valoración médica de los animales será emitida por el experto veterinario con la cédula profesional y asignado de salud de los animales lesionados.

 

Una vez que el animal se haya recuperado totalmente, será donado a alguna Asociación Protectora de Animales para ser posteriormente dado en adopción.

 

El procedimiento de incautación se llevará conforme a lo establecido en el Artículo 39 y demás aplicables de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal”.

 

Sin duda esta redacción era más rica y clara, facultando a cualquier ciudadano para denunciar un maltrato, y lo más importante, implicaba la incautación del animal para entregarlo en adopción, es decir retirar al dueño el animal que estaba en riesgo.

 

Pero por cuestiones políticas y diferencias entre la Comisión de Salud y la Comisión de Medio Ambiente se perdieron estas partes que hubieran otorgado una mayor seguridad sobre un buen cuidado y calidad de vida del animal.

 

 

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