Por primera vez en Chihuahua, se tramitó un juicio oral por el delito de violencia familiar en el sistema penal acusatorio, logrando además que un tribunal superior sentenciara al acusado al pago del daño moral.

 

En el caso, la defensoría pública minimizó los actos de violencia, argumentando que no existía delito que perseguir debido a que los actos realizados por el acusado fueron cometidos por “el amor y los deseos de recuperar a su familia”, por lo que la Fiscalía de Chihuahua se limitó a solicitar el pago de las terapias psicológicas.

 

El tribunal oral sentenció al acusado a dos años de prisión y negó el derecho de la víctima a la reparación del daño moral, por lo que la víctima, apoyada por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), la apoyaron para apelar la decisión ante un tribunal de casación.

 

El CEDEHM expuso ante el Tribunal de Casación que la petición del daño moral se basó a la afectación de la víctima en sus sentimientos, afectos, honor y reputación por el delito de violencia familiar cometido en su contra y argumentaron que a pesar de haber desahogado pruebas que fundamentaban la petición, se negó el derecho a la indemnización.

 

El Tribunal de Casación formado resolvió por unanimidad revocar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral, considerándola violatoria de los derechos humanos de la víctima, concediendo la reparación del daño moral, siendo esta la primera vez que el Tribunal reconoce el derecho de la víctima a coadyuvar con el Ministerio Público, como establece el artículo 20 apartado C de la Constitución federal que establece que las víctimas u ofendidos de un delito tienen el carácter de parte en el proceso, con independencia del fiscal.

 

Irma Villanueva, coordinadora del área jurídica del CEDEHM, y Yanimiriam Valdez, una de las abogadas que litigó el caso, declararon: “Estas sentencias evidencian que el sistema acusatorio tiene también aciertos. Permite que las mujeres víctimas, sus familias y sus representantes legales participen activamente en los juicios; realicen solicitudes bien fundamentadas y puedan obtener sentencias a su favor, en audiencias públicas y orales, que pueden ser presenciadas y revisadas por toda la ciudadanía”.

 

 

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