Al resolver un amparo directo en revisión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los menores de edad tienen derecho de participar en los procedimientos judiciales que puedan afectar su esfera jurídica, lo que permite brindarles una protección adicional para que su actuación dentro de estos procedimientos transcurra sin las desventajas que resultan inherentes a su especial condición.

 

En el caso, en un juicio de divorcio se decretó la pérdida de patria potestad. El padre, inconforme y después de interponer varios recursos, promovió amparo directo, mismo que concedió el Tribunal Colegiado, por lo que la madre de la menor, como tercero perjudicada, interpuso el recurso de revisión.

 

Los ministros ratificaron la resolución del Tribunal Colegiado que estimó que, de oficio, en el juicio de origen se debió estudiar la conveniencia de escuchar la opinión de la niña, cuyos derechos podían verse afectados por la forma en que se resolviera el juicio, ordenando la reposición del procedimiento.

 

La Primera Sala destacó la importancia de que el juzgador tenga en cuenta el interés superior de la infancia en cada una de las etapas donde participen los menores dentro del procedimiento judicial, incluido, en el caso, la valoración de la voluntad de la menor de edad de participar en el juicio.

 

Agregaron que los procedimientos jurisdiccionales entablados para determinar el régimen de convivencia de los progenitores con sus hijos no representan únicamente un conflicto entre las pretensiones de ambos padres, en el que se deben tutelar los derechos de cada uno, sino también siempre y en todo momento se debe tutelar el interés superior de los menores de edad involucrados.

 

A principios de este año la Suprema Corte estableció un “Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes” que establece las condiciones que deben observarse para que un niño rinda testimonio, desgraciadamente no todos los jueces están preparados para aplicarlo.

 

Además la autoridad judicial deberá estar atenta para combatir el frecuente fenómeno de la alienación parental, en el que el niño es utilizado para atacar o lastimar a la contraparte en un juicio de divorcio.

 

 

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