El pasado miércoles la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la inmediata liberación de Hugo Sánchez Ramírez en virtud de las grandes irregularidades en el proceso que se siguió en su contra por un presunto secuestro, pero a pesar de ello, Sánchez continúa en prisión.

 

Al amparar los ministros a Sánchez Ramírez, consideraron que se violaron las garantías constitucionales de legalidad, debido proceso, presunción de inocencia y defensa adecuada, señalando que no existe justificación alguna para que la responsabilidad penal de una persona se encuentre sustentada en pruebas insuficientes adquiridas de manera contraria a derecho.

 

En esas condiciones, los ministros señalaron que la obtención de la prueba ilícita vició todo el procedimiento porque condujo indebidamente a tener por acreditada la plena responsabilidad penal, cuando ello debe ser resultado de material probatorio que tenga la virtud de vencer de manera contundente el principio de presunción de inocencia.

 

Al concederse el amparo liso y llano para que Hugo fuese puesto en inmediata libertad se estableció que esto acontecería siempre y cuando no esté sujeto a otra causa.

 

Según informa su defensa, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., quedó pendiente de resolver otro amparo por la supuesta portación de armas derivada de la misma acusación, sin embargo de las propias constancias de las autoridades del CERESO de Santiaguito en Almoloya de Juárez, se comprueba que Hugo Sánchez ya cumplió con la sentencia impuesta desde el 28 de agosto de 2012. Por lo tanto, Hugo debe esperar en libertad la resolución del amparo correspondiente.

 

El Centro destaca que los funcionarios implicados han manifestado que Hugo solamente podrá ser liberado en cuanto se desista del amparo en vías de solventarse, lo cual implica reconocer la culpabilidad de un delito que no cometió.

 

También han solicitado formalmente a la Primera Sala de la SCJN su intervención y han interpuesto un nuevo amparo ante el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Civiles Federales y Amparo con sede en Toluca, en razón de que la obstaculización de las autoridades en la liberación de Hugo Sánchez constituye no sólo el desacato a la sentencia emitida por la Suprema Corte sino además un acto de privación ilegal de la libertad. Estas irregularidades implican severas sanciones como la separación del cargo y la consignación ante un juez penal.

 

Se espera que con esta presión las autoridades tanto federales como locales liberen finalmente a Hugo Sánchez Ramírez.

 

 

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