La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de  la Nación decidió atraer una demanda de amparo indirecto por la omisión legislativa en la que está incurriendo el Congreso de la Unión por no analizar, discutir ni aprobar el dictamen de la nueva ley de amparo, misma que debió publicarse el 4 de octubre de 2011.

 

Los ministros consideraron por unanimidad que el caso reúne los supuestos de importancia y trascendencia ya que se debe precisar si por las reformas y adiciones a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de amparo, el juicio de amparo es procedente cuando se reclama la omisión del legislador de expedir una ley o armonizar el ordenamiento jurídico existente con las reformas a las disposiciones constitucionales que regula, dentro del plazo establecido.

 

La Suprema Corte analizará el sentido y alcance de lo dispuesto en los preceptos constitucionales al contemplar la procedencia del juicio de amparo contra “omisiones de la autoridad”, pero que no especifica si este supuesto comprende a todas las autoridades, incluyendo a las legislativas.

 

En la decisión de la Corte se destaca que al reformarse la Constitución en materia de amparo se estableció que “a través del juicio de garantías se protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos, ya sea que se promueva de forma individual o conjuntamente por dos o más personas, elaborando así el concepto de afectación común”.

 

Los Ministros determinarán también si es posible otorgar la protección constitucional, ya que las nuevas disposiciones constitucionales permiten que el juicio de amparo se pueda promover por quien aduzca tener un interés legítimo en razón de que el acto reclamado viola en su perjuicio los derechos reconocidos por la Constitución.

 

Hasta ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido diversos criterios en el sentido de que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclama la inconstitucionalidad por omisión legislativa, pero estos criterios tendrán que ser analizados a la luz de las nuevas disposiciones constitucionales, en virtud al principio de relatividad que establece que la sentencia que se dicté sólo ampara al individuo que promueve el amparo.

 

Estos mismos artículos constitucionales contemplan la posibilidad de que el Pleno de este alto tribunal emita una declaratoria general sobre la inconstitucionalidad de una norma general, así como la procedencia del juicio de amparo contra “omisiones de la autoridad”, sin especificar, como ya se mencionó, si este supuesto comprende a todas las autoridades, incluyendo a las legislativas.

 

La Cámara de Senadores aprobó el 13 de octubre de 2011 la minuta de la nueva Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero esta no ha sido discutida en la Cámara de Diputados.

 

 

www.miabogadoenlinea.net