El día de hoy la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará el caso de Hugo Sánchez Ramírez, quien fue sentenciado a 37 años de prisión por el presunto secuestro de dos personas, pero en cuyo caso han existido múltiples irregularidades.

 

En el proceso que se siguió en contra de Sánchez, las víctimas se retractaron de la acusación y cayeron en inconsistencias además de que se presentaron múltiples testimonios que demostraban que Hugo se encontraba en otro lugar cuando ocurrió el secuestro. Sin embargo en 2009 el Juez Sexto de Primera Instancia en Toluca lo condenó a prisión, fallo que fue confirmado por un Tribunal Colegiado en 2011.

 

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., asociación que lleva la defensa de Hugo, presentó en junio de 2011 un amparo ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y en octubre de ese año la Primera Sala decidió atraer el caso.

 

Para el Centro, el caso pone en evidencia las debilidades del actual sistema penal, basado predominantemente en testimonios, que brinda incontables ventajas a la parte acusadora. Por ejemplo: el ministerio público elaboró todas las pruebas en contra de Hugo, y se dio valor a la declaración rendida por los policías, quienes afirmaron que Hugo reconoció que se dedicaba a “secuestrar y matar gente” cuando en realidad esa entrevista nunca se efectuó.

 

Además el Centro señala que el juez se limitó a dar validez a todos los elementos presentados por la parte acusadora y desechó todas las pruebas testimoniales que probaban la inocencia de Hugo, desestimó la retractación  de las víctimas, con lo que se demuestra que el principio de presunción de inocencia no es aplicado pues la carga de la prueba se traslada al acusado y no a la parte acusadora.

 

Se supone que todos estos defectos del sistema serán subsanados una vez que en todo el país opere el nuevo sistema penal  acusatorio en 2016, aunque a cuatro años de distancia, sólo en siete entidades de la República el sistema ya está operando, 16 están en proceso de implementar su legislación y 7 entidades aún están en la etapa inicial. Sin embargo, a nivel federal aún están pendientes las modificaciones al Código Federal de Procedimientos Penales para implementar el sistema penal acusatorio.

 

 

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