En los quince días que le restan al mes de octubre, la Cámara de Senadores deberá aprobar la reforma laboral que fue enviada como iniciativa preferente por el Presidente de la República al inicio de este nuevo periodo de sesiones.

 

Al aprobarse la iniciativa preferente en la Cámara de Diputados, algunos aspectos fueron excluidos, entre ellos la transparencia sindical y los Senadores en las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera, pretenden recuperarlos.

 

Por una parte desean incluir la publicidad máxima de los contratos colectivos de trabajo y demás condiciones laborales, para lo cual se pretende que los registros de los sindicatos que lleva la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en los casos de competencia federal y en las Juntas de Conciliación y Arbitraje sean públicos y puedan ser consultados por cualquier persona, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha venido sosteniendo el criterio de que la divulgación pública de la información sindical sería violatorio del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo que define en su artículo 3º la libertad sindical como el derecho de las organizaciones de trabajadores y de empleadores de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción y las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal, por lo que siempre ha rechazado hacer pública esta información, criterio con el cual ha coincidido la Suprema Corte.

 

Otro tema es la rendición de cuentas de los sindicatos  a sus afiliados, especialmente sobre el destino de las cuotas sindicales y todos los ingresos que recibe el sindicato, así como su patrimonio. En caso de que las autoridades sindicales no rindan cuentas a los trabajadores, estos  podrán acudir a las instancias y procedimientos internos que se establezca en los estatutos del sindicato para resolver las controversias entre los agremiados.

 

La rendición de cuentas ya está incluida en la ley vigente, pero los mecanismos para hacer cumplir este derecho implican la realización de asambleas o procesos ante Conciliación y Arbitraje, que complican el ejercicio del mismo y no existe sanción para el sindicato que no cumple con esta obligación, y esto no cambia con la iniciativa.

 

Para algunos abordar estos temas es violar la libertad sindical, para otros es mantener un equilibrio sobre este principio y el derecho a la información, pero tal vez deba existir un matiz entre ambas posturas, y fortalecer la transparencia al interior de los sindicatos, es decir entre sus agremiados, quienes son en realidad los interesados en conocer que sucede con el patrimonio del sindicato al que pertenece, sancionando al sindicato que no rinda cuentas oportunamente a sus agremiados y permitiendo el acceso a los registros a los miembros de los sindicatos exclusivamente y no al público en general, logrando así que estos temas puedan avanzar en la reforma laboral.

 

Insistimos, quedan quince días para avanzar en estos temas.

 

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