En una decisión histórica, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que todas las formas de comunicación, incluyendo aquellas que sean fruto de la evolución tecnológica, están protegidas por el derecho fundamental a su inviolabilidad.

 

Esta protección se extiende a los teléfonos celulares y a los datos almacenados en ese dispositivo, ya sea en forma de texto, audio, imagen o video.

 

Los ministros establecieron que para tener acceso a esos datos será necesaria una orden de intervención de comunicaciones dictada por un juez federal y, de no hacerlo así, cualquier prueba que se extraiga, o bien, la que derive de ésta, será considerada como ilícita y no tendrá valor jurídico alguno.

 

La Sala resolvió así la Contradicción de Tesis 194/2012, que tenían diferentes criterios respecto de si la revisión, extracción o utilización de los archivos electrónicos del teléfono celular de un detenido constituye o no violación a la intervención de comunicaciones privadas.

 

Los ministros unánimemente coincidieron en que este derecho no se puede restringir a persona alguna por el solo hecho de haber sido detenida y estar sujeta a investigación por la posible comisión de un delito.

 

En ese caso consideraron que la autoridad responsable sólo puede decretar el aseguramiento del celular y para acceder a la información que contenga el móvil deberá solicitar a la autoridad judicial la intervención de las comunicaciones privadas, de acuerdo con el artículo 16 constitucional.

 

Esta jurisprudencia impedirá que las autoridades obtengan y utilicen sin autorización judicial la información almacenada en estos dispositivos de personas detenidas por la probable comisión de algún delito.

 

Este criterio coincide con otros que ya ha expresado la Suprema Corte sobre las inviolabilidad de las comunicaciones privadas establecida los párrafos noveno y décimo del  artículo 16 constitucional, especialmente sobre correo electrónico,  y que considera se extiende a todas las formas existentes de comunicación y aquellas que sean fruto de la evolución tecnológica, deben quedar protegidas por el derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.

 

Respecto al tema penal, es importante insistir en la necesidad de que los cuerpos de seguridad, incluyendo a las fuerzas armadas, cuenten con los protocolos adecuados a fin de que se obtengan pruebas o evidencias legales e idóneas para lograr una sentencia condenatoria  irrefutable, especialmente con miras al nuevo sistema penal acusatorio.

 

 

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