Este es un tipo de noticia que no abordamos normalmente en miabogadoenlinea.net pero por como se presentaron los hechos nos lleva a reflexionar como la falta de normatividad y de procedimientos adecuados están en ocasiones haciendo quedar en ridículo a las autoridades y afectando las investigaciones sobre delitos.

 

El día de ayer se hizo público que la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) había abatido el domingo a Heriberto Lazcano Lazcano (a) El Lazca, líder principal de la organización delictiva de Los Zetas, en el poblado de Progreso, Coahuila. Lo que más ha llamado la atención es que el cadáver que había sido entregado a las autoridades de Coahuila fue sustraído de las instalaciones de la funeraria en la que se encontraba.

 

Según los hechos descritos por la SEMAR y la Procuraduría de Justicia del Estado de Coahuila, Marina dio aviso al Ministerio Público de un enfrentamiento con delincuentes poniendo a disposición de las autoridades locales el cadáver, integrándose la averiguación previa APP/535/2012 en la mesa primera de la Agencia del Ministerio Público en Sabinas, Coahuila.

 

La Procuraduría afirma que “el Ministerio Público ordenó el levantamiento y traslado de los cuerpos a la Funeraria García de la ciudad de Sabinas para realizar la necropsia correspondiente, al arribar a dicho lugar los miembros del cuerpo de servicios periciales procedieron a tomar las huellas digitales del  cadáver, así como fotografías para su identificación, posteriormente realizaron la necropsia para determinar la causa de la muerte”.

 

Todo esto sucedió entre las 18:05 del domingo 7 de octubre, hora en la que según las autoridades del estado la Marina notificó al Ministerio Público, y antes de la 1:00 del 8 de octubre cuando un comando se presentó en la funeraria, sometió al personal, tomaron los cuerpos y se los llevaron en la carroza propiedad de la funeraria, obligando al propietario del negocio a conducirla.

 

El propietario de la funeraria notificó al Ministerio Público de los hechos a las 8:05 horas del día 8 de octubre

 

La noticia de la muerte de Lazcano empezó a circular el día 9,  a las 4:00 de la mañana aproximadamente, y a las 10:00 de la mañana SEMAR ya estaba confirmando que se trataba de Lazcano, sin embargo, respecto a la ubicación del cuerpo se limitaba a indicar que este había sido entregado a las autoridades locales.

 

La descripción de estos hechos deja ha descubirto las fallas en el manejo de la evidencia en el combate al crimen organizado.

 

La falta de comunicación entre las autoridades locales y federales es una constante que no ha podido ser erradicada, ya que a distinta hora informaron sobre la muerte de Lazcano, en lugar de haberlo efectuado en forma conjunta, más aun si la Marina ya sabía que el cuerpo había desaparecido. Tal vez la intención fue que únicamente se señalara como responsable de la desaparición del cuerpo de Lazcano a las autoridades estatales.

 

El cuerpo de Lazcano fue a parar a una funeraria de Sabinas porque en esa ciudad no existe un anfiteatro, siendo el más próximo el de Torreón que se encuentra a 416 kilómetros del sitio donde fue abatido Lazcano. Es común que los delincuentes tiendan a sustraer de los servicios forenses, hospitales o funerarias los cuerpos de sus compañeros, y a pesar de ello ni las autoridades locales o federales han tomado medidas para combatir esta práctica asegurando los cuerpos de los delincuentes, lo que deberían hacer, más aun si se desconoce su identidad o se está investigando la misma.

 

Se puede presumir que la SEMAR cuenta con protocolos distintos para entregar los cadáveres en los hechos en que se ve involucrada. En el caso de Beltrán Leyva la SEMAR entregó los cuerpos a la Procuraduría General de la República, quién llevó a cabo todas las pruebas periciales necesarias para identificar el cadáver.  En el caso Lazcano el cuerpo es entregado a las autoridades locales, quienes analizan el cuerpo en instalaciones privadas.

 

No se justifica la existencia de políticas distintas ya que en ambos casos se encuentran involucrados servidores públicos, que están combatiendo el crimen organizado a nivel federal y fueron accionadas armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

 

Esto si es que esas políticas existen, porque al menos hasta el momento no se han hecho públicas, a pesar de que el 24 de abril se publicó el Convenio de Colaboración en el marco del respeto a los derechos humanos que celebran la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en que la SEMAR y la SEDENA se comprometieron a actualizar o expedir protocolos sobre cadena de custodia de la evidencia y detención y puesta a disposición, divulgar su contenido entre la población y publicarlos, lo que no ha sucedido hasta el momento.

 

Por estos descuidos una vez más la capacidad de las autoridades locales y federales quedan en entredicho al perder lparte de la evidencia de un delito, el cadáver de Lazcano, por lo que siempre existirá un sector de la población que ponga en duda si se trataba de Lazcano o un error como en las dos o tres ocasiones anteriores en que lo declararon muerto.

 

Este incidente también deja de manifiesto la forma negligente en que se investiga una muerte relacionada con el crimen organizado, lo que intentó modificarse cuando las autoridades confirmaron que el cadáver era de Lazcano, aunque ya fue demasiado tarde.

 

Finalmente queda en evidencia como la medicina legal y servicios periciales de las procuradurías se encuentran en segundo o tercer lugar, y no cuentan con los recursos necesarios para realizar su trabajo.

 

El nuevo gobierno deberá corregir estos aspectos, si no, la situación no cambiará.

 

 

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