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En el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, se presentaron dos iniciativas para establecer el trabajo penitenciario en las cárceles de nuestro país.

 

La iniciativa presentada en la Cámara de Diputados propone establecer un sistema de trabajo obligatorio en las penitenciarias para reforzar la readaptación social y combatir los vicios que presenta actualmente el sistema penitenciario.

 

La exposición de motivos señala que “las cárceles son lugares comunes de ocio, corrupción, anarquía, violencia, insalubridad, venta de drogas, bebidas alcohólicas y prostitución, lo que se convierte en las principales causas de la crisis de la readaptación social”, por lo que se propone modificar el modelo estableciendo la educación y el trabajo, como base fundamental de un adecuado tratamiento penitenciario para la reinserción social.

 

La iniciativa propone reformar los artículos 5 y 18 de la Constitución Política para incluir un sistema de labor obligatorio en los centros de reclusión y que el trabajo sea impuesto como pena concedida por la autoridad judicial competente.

 

La iniciativa también plantea que la Federación, los estados y el Distrito Federal celebren convenios con el sector privado para que los sentenciados realicen los trabajos a que están obligados durante la extinción de su pena.

 

Por otra parte, la iniciativa presentada en el Senado también propone el empleo penitenciario remunerado como herramienta para reinserción a la vida social y productiva una vez que los reos cumplan su sentencia.

 

A los reos se les daría la opción de un empleo con un ingreso equivalente a las tres cuartas partes del salario mínimo que garantizaría su manutención y la de su familia y la reparación del daño en su caso.

 

A diferencia de la iniciativa presentada en la Cámara de Diputados, la iniciativa presentada en la Cámara de Senadores propone que el empleo del reo no sea un castigo, ni sea forzado, denigrante o infamante.

 

El trabajo carcelario está previsto en el párrafo tercero del artículo 5 de la constitución que establece  que “Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial”.

 

 

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