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La Constitución Política establece un principio de igualdad entre todas las personas estableciendo en el quinto párrafo del artículo primero que “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas".

 

En materia laboral este principio de igualdad se materializa en los artículos 3 y 133 de la Ley Federal del Trabajo los cuales ordenan que no puede haber distinciones ni rechazos por ningún motivo o razón.

 

El segundo párrafo del artículo 3 señala que “No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición social.”, mientras que el artículo 133, dice en su fracción I que “queda prohibido a los patrones negarse a aceptar trabajadores por razón de edad o de su sexo.”

 

Pero a pesar de estas prohibiciones de la ley, la discriminación en el trabajo sigue siendo una realidad en nuestro país, destacando la discriminación por género, la discriminación por edad y la discriminación por preferencia sexual.

 

Discriminar se define como alterar o modificar la igualdad entre personas sea por reducción, exclusión o restricción. En materia laboral ésta se manifiesta cuando se alteran las condiciones de igualdad que deben existir en el trabajo suprimiendo derechos u otorgando privilegios a otros.

 

En el ámbito laboral la discriminación se puede dar cuando se distingue  a un trabajador respecto de otros, al limitar el goce o ejercicio de sus derechos, al negarles un puesto de trabajo, licencias o concedérselas con tiempos restringidos o sujetarlas a condiciones no estipuladas en la ley o los contratos, negar estímulos económicos ascensos, vacaciones o cualquier otra prestación, y en general alterar cualquier condición de trabajo sin justificación legal.

 

Ante esto, el trabajador, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo puede denunciar el caso, haciéndose el patrón acreedor a una multa por el equivalente de 3 a 315 veces el salario mínimo general, tomando en consideración la gravedad de la falta y las circunstancias del caso.

 

Por otra parte la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el artículo 9 considera como conductas discriminatorias, entre otras: Prohibir la libre elección de empleo, o restringir las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el mismo; establecer diferencias en la remuneración, las prestaciones y las condiciones laborales para trabajos iguales; limitar el acceso a los programas de capacitación y de formación profesional o explotar o dar un trato abusivo o degradante.

 

La citada ley prevé un proceso de conciliación optativo ante el Consejo en Materia de Prevención y Eliminación de la Discriminación y establece sanciones administrativas, ya que el proceso está más orientada a combatir la discriminación en el sector público, aunque las sanciones que impone  a los particulares pueden tener impacto social al exhibir a las empresas que discriminan.

 

Pero a pesar de que se trata de conductas sancionadas por la ley, los patrones o empleadores siguen ofreciendo fuentes de trabajo con avisos en los que abierta y descaradamente reconocen que en esos lugares se esta discriminando, sin que exista ninguna sanción.

 

Sin duda, los mecanismos de defensa en contra de la discriminación son débiles, pero estos se debilitan aun más si el trabajador no hace uso de ellos. Pero también es un hecho que ello ocurre por ignorancia, temor, y sobre todo por necesidad económica, al no desear exponer su fuente de ingresos.

 

 

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