Esta semana se definirá en la Cámara de Diputados los términos de la reforma laboral, que deberá ser aprobada antes del 30 de septiembre.

 

Se dice que la reforma modernizará el mercado labora,l que lo hará más flexible, que incrementará la competitividad, la productividad y la rentabilidad de la economía nacional a fin de permitir que el mercado regule por sí mismo las relaciones entre empleadores y trabajadores. Se ha dicho también que la ley laboral vigente es muy restrictiva y que hace costoso generar nuevos empleos, pero la realidad contradice esta afirmación: el INEGI reporta que de los 32 millones de mexicanos empleados, más de 16 millones carecen de seguro social y ni siquiera tienen seguridad laboral.

 

Pareciera que los altos costos para generar nuevos empleos derivan de la seguridad social, por ello en México desde hace muchos años se hace fraude a la ley y en lugar de establecer relaciones laborales conforme al derecho laboral, se formalizan las relaciones mediante los contratos de servicios profesionales.

 

Contratar bajo este esquema de servicios profesionales, conocidos comúnmente como contrato de honorarios, tiene como principal objetivo evadir las obligaciones de seguridad social, es decir la primera obligación de la que ese patrón pretende deshacerse es el pago de las cuotas del Seguro Social e Infonavit.

 

Además, en los contratos de servicios profesionales independientes presuntamente no existe una relación laboral, por lo que el trabajador no está generando ninguna antigüedad ni tiene acceso a los beneficios que la misma crea a su favor.

 

Y como supuestamente no existe esa relación laboral, el trabajador es sometido a labores más allá de la jornada legal de ocho horas, o inclusive debe realizar actividades distintas a las que fue contratado, llegando a prestar servicios en lugares distintos a su centro de trabajo sin que exista un pago de horas extras ni de viáticos por los traslados o cualquier otro tipo de remuneración adicional.

 

Asimismo, el trabajador contratado bajo este esquema no tiene derecho a la estabilidad en el empleo, por lo que la relación puede ser concluida en cualquier momento que el patrón lo desee, otorgando en ocasiones una gratificación muy por debajo de la indemnización que correspondería en el derecho laboral.

 

Insistimos, la contratación bajo este esquema lo que pretende evadir es la seguridad social y la indemnización, porque durante la relación el patrón suele pagar aguinaldo y vacaciones, y ocasionalmente prima vacacional, pero bajo el esquema que más le conviene, llegando a modificar las condiciones de las mismas a su capricho, otorgando un periodo estas prestaciones, reduciéndolas o modificándolas al siguiente.

 

Difícilmente un trabajador contratado en estas condiciones presentará un reclamo ante las autoridades laborales a fin de no perder su fuente de ingresos, pero sí han llegado a presentarse casos que han generado criterios judiciales respecto a estas contrataciones.

 

Generalmente cuando un trabajador contratado bajo este esquema inicia alguna acción legal con fundamento en la Ley Federal del Trabajo, el patrón aduce que se trata de una relación de carácter civil, exhibiendo el contrato de prestación de servicios profesionales con la pretención de que se declare la inexistencia de la relación laboral.

 

Al respecto existe jurisprudencia que establece que el contrato por si solo no demuestra que la relación sólo haya sido civil y debe estudiarse con el resto de las pruebas y si se acreditan los elementos de subordinación, como es el caso en que al prestador de servicios se le ordena dónde y cómo debe realizar su trabajo, se le proporcionan los medios para el desempeño de su labor, que son propiedad de la empresa, se le expiden credenciales que lo identifican como su empleado y se le asigna una compensación económica, que aunque se denomine honorarios, en realidad se trata de una retribución por su trabajo, “se debe concluir que la relación real que existió entre las partes fue de trabajo y no de índole civil” sin importar el nombre que le hayan dado las partes.

 

Tampoco es suficiente que la retribución que se recibe se denomine “honorarios” u “honorarios asimilados  a salario” para que sea suficiente para considerara que se esta en presencia de una relación civil y no laboral porque según la Corte no se desvirtúa la naturaleza laboral de la relación, toda vez que el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo señala que salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo, aunque se le denomine de manera distinta. Así, si no se prueban los elementos de la relación civil, la Corte concluye que debe estimarse que se trata de un contrato de trabajo para todas sus consecuencias legales.

 

Al tratarse de una relación de trabajo y no de servicios profesionales el trabajador no está sujeto al arbitrio del patrón, y por ejemplo no puede disminuir a su capricho un aguinaldo que venía pagando de 30 días para ajustarlo al límite que previene el artículo 87 de la ley de quince días de salario por lo menos, ya que estaría violando derechos adquiridos por los trabajadores por el transcurso del tiempo en la relación de trabajo y estos podrían acudir  a la autoridad laboral para que se respete el monto del aguinaldo. 

 

Si bien las relaciones que por fraude laboral se celebran como contratos de prestación de servicios profesionales son, en realidad, relaciones de trabajo, el empleado debe acudir a la autoridad laboral para que se reconozca ese carácter a su relación con el patrón, a fin de que pueda contar con todos los derechos y prerrogativas que tanto la ley laboral como las leyes de seguridad social le otorgan. Pero la realidad es que pocos lo hacen por miedo a perder su trabajo o ver reducidos sus ingresos una vez que se regulariza su relación.

 

Lamentablemente algunos de los patrones que se benefician con estos esquemas de contratación son los gobiernos tanto federal, estatal y municipal, así como los otros poderes, porque también contratan a parte de su personal simulando una relación de carácter civil a través de contratos por honorarios.

 

En resumen, los contratos por honorarios o contrato de prestación de servicios profesionales se utilizan para cometer fraude a las disposiciones laborales y la existencia de este fenómeno perversamente se justifica a fin de librar a muchos patrones de las obligaciones de seguridad social, principalmente, y de otras obligaciones, disminuyendo ilegalmente el costo de la relación laboral y la reforma laboral en ciernes no vendrá a resolver esta situación, sino inclusive proporcionará nuevos mecanismos para cometer fraude laboral.

 

 

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