En el Estado de Sonora desde 2010 se presenta un conflicto entre el gobierno estatal y diversas agrupaciones del Municipio de Cajeme, San Ignacio Río Muerto y pueblo Vícam y pueblo Potám de la “Tribu Yaqui”, por la construcción de un acueducto que llevará agua de esa región a la Ciudad de Hermosillo.

 

La obra son 145 km 2 mil 378 litros de agua por segundo de la Presa Plutarco Elías Calles conocida como el Novillo hacia Hermosillo, lo que según los quejosos afectará a la agricultura.

 

El asunto llegó a los tribunales y  el juzgado Octavo con sede en Ciudad Obregón concedió una suspensión provisional en el amparo promovido por una asociación de agricultores del Río Yaqui, para que el Gobierno estatal se abstuviera de dictar el fallo en la licitación pública correspondiente y se adjudicara el contrato.

 

La autoridad estatal no respetó la suspensión y los quejosos promovieron incidente de desacato que fue confirmado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito determinando el Tribunal que la suspensión fue violada por el órgano descentralizado Fondo de Operación de Obras Sonora Sí, pero los trabajos no se detuvieron pese a las amenaza de la autoridad judicial de hacer uso de la fuerza pública.

 

Asimismo, en mayo de 2012, otro juez federal concedió un amparo al pueblo Vícam para el efecto de que la Semarnat deje insubsistente la resolución favorable en materia de impacto ambiental que expidió en febrero de 2011 en relación con este proyecto, pues no se respetó el derecho de audiencia.

 

Finalmente el caso será analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ya que atrajo los recursos de revisión de los amparos y admitió una controversia constitucional interpuesta por el Municipio de San Ignacio Río Muerto respecto a la obra del Acueducto Independencia, aunque tal vez la decisión de la Suprema Corte llegue tarde, porque la obra presenta un avance del 85% en su construcción y se espera que sea concluida en noviembre de este año

 

El caso también fue conocido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos la cual determinó que se han violado los derechos a la legalidad, seguridad jurídica, desarrollo y trato digno, por “el desacato a un mandamiento judicial; por la omisión para implementar políticas públicas que propicien la prevención de conflictos sociales; y, en la omisión para salvaguardar y respetar el debido proceso, la garantía de audiencia, y específicamente el derecho a la consulta previa de los integrantes del Pueblo Yaqui”.

 

La región de la cuenca del Río Sonora, en donde se ubica Hermosillo, ha sufrido una grave sequía desde hace quince años, secándose en 1997 la presa Abelardo L. Rodríguez que abastecía  a la ciudad. Desde entonces se han buscado otras fuentes de agua pero que han sido insuficiente para cubrir las necesidades de la población.

 

Es por ello que previos estudios, el gobierno estatal decidió llevar agua del Rio Yaqui a Hermosillo, lo que ha generado oposición  de los habitantes de esa región ya que consideran que al privilegiar las necesidades de Hermosillo se limitará substancialmente su acceso al abastecimiento de agua, afectando su vocación agrícola, y que escaceara el agua para regar sus cultivos.

 

Mientras en unas regiones del país la escasez de agua esta ocasionando conflictos entre la población, en otras partes de la República se desperdicia el agua sin ninguna consideración y sin que alguna autoridad lo evite.

 

Los cambios climáticos que está viviendo el mundo y el país, harán que estos conflictos sean más fecuentes, por lo que las medidas para fomentar el aprovechamiento del agua y sancionar su desperdicio que aplican en alguna entidades del norte de la República, deberían implementarse en todo el país como una medida preventiva.

 

 

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