El 27 de Diciembre de 2011 se hicieron una serie de modificaciones al Código Civil del estado de Guanajuato. Estas modificaciones incluyeron la adición  de un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 66 para evitar la imposición de nombres que se presten a burlas o humillaciones hacia la persona, estableciendo como obligación del Oficial del Registro Civil exhortar  a quien presente a un menor “… para que el nombre que proponga no contenga abreviaturas, diminutivos, claves, números y adjetivos que denigren la dignidad de la persona”.

 

Pero esta modificación ha generado verdaderos problemas a la ciudadanía, ya que aparentemente la Dirección General del Registro Civil, a través de la Circular DGRC-011-201 expedida el 31 de agosto de 2012, determinó una serie de criterios para la aplicación de esta reforma.

 

La Circular establece que no se pueden poner más de dos nombres. En el caso de los nombres extranjeros, se buscará su equivalente en español y si no existiera el primer nombre tendrá que ser acompañado de otro en español, pero si alguno de los padres es del mismo origen del nombre, se autoriza que se así se registre.

 

Además establece que solo se podrá permitir un nombre poco común o raro si éste existe en el idioma español y si es tradición familiar, es decir si es el mismo nombre del padre, del abuelo y de generaciones pasadas.

 

Si se pretende imponer un nombre de origen indígena, los “criterios” establecen que se podrán asignar sólo si van acompañados con un nombre en español, “a menos que uno o ambos padres sean de dicho origen, en cuyo caso los dos nombres propios podrían ser indígenas”.

 

Si se va a imponer un nombre extraño, no habitual, poco común o del cuál no se conozca su significado el registrante debe explicar el origen o en todo caso  tendrá que estar dentro del “Diccionario etimológico comparado de nombres propios de personas” el autor italiano Gutierre Tibone.

 

Esta circular excede los limites previstos en el Código Civil, ya que dicho ordenamiento faculta al oficial del registro civil a realizar un exhorto a los padres para “…que el nombre que proponga no contenga abreviaturas, diminutivos, claves, números y adjetivos que denigren la dignidad de la persona”.

 

Y las únicas prohibiciones expresas en el Código Civil respecto al nombre están previstas en la primera fracción del el artículo 68, que establece que el nombre podrá ser compuesto o usando un máximo de dos sustantivos, pero no se pueden emplear apodos o diminutivos, salvo que estén determinados por los usos y costumbres.

 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha manifestado sobre el tema y ha establecido que el derecho al nombre es un derecho humano previsto en el artículo 29 constitucional, con el siguiente contenido y alcance: es el conjunto de signos que constituye un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona, sin el cual no puede ser reconocida por la sociedad; está integrado por el nombre propio y los apellidos.

 

Pero sobre todo, la Corte ha señalado que el nombre debe ser elegido libremente por los padres o tutores o la persona misma, según sea el momento del registro y por tanto, no puede existir ningún tipo de restricción al derecho ni interferencia en la decisión.

 

Por eso, las reformas que se han implementado en otras entidades respecto al nombre tienen en común el autorizar al juez u oficial del registro civil para realizar un exhorto a los padres, pero no facultan a la autoridad restringir este derecho.

 

Esta Circular en Guanajuato seguramente será declarada inconstitucional y violatoria de derechos humanos si se encuentra con unos padres que estén dispuesto a dar la pelea en los tribunales, como César Cruz y Marisela Rivas que en 2007 lograron registrar a su hija después de 18 meses de estar enfrentando a las autoridades, con un nombre  en hñähñu u otomí: Doni Zänä (Flor de Luna)

 

 

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