La semana pasada la zona oriente de la Ciudad de México y su zona conurbada con el Estado de México se vio paralizada por el miedo. Todo empezó el miércoles cuando en Chicoloapan, Estado de México, dos grupos de conductores de bicitaxis y mototaxis, uno adherido a Antorcha Campesina y otro a Movimiento Ciudadano, se enfrentaron en una disputa por las base que ofrecen el servicio de forma ilegal.

 

Después empezaron a correr rumores en las redes sociales que se transformaron en mensajes de boca en boca de que los desórdenes seguían y que las personas estaban siendo víctimas de ataques de activistas políticos o del crimen organizado, o que había enfrentamientos en las calles, lo que se prolongó hasta el día jueves.

 

Las autoridades municipales del Estado de México, las del Distrito Federal, la Secretaría  de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina desmintieron los rumores aunque medios digitales publicaron las declaraciones de supuestos testigos de los hechos violentos, sin que existiera evidencia de los mismos.

 

En el Distrito Federal las autoridades detuvieron a cuatro personas que estaban en la calle avisando a la población de supuestos incidentes de violencia callejera, y en la declaración que rindieron ante Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, presuntamente manifestaron que les pagaron por esparcir rumores falsos sobre actos violentos para infundir miedo entre habitantes y comerciantes.

 

El problema al que se enfrentan las autoridades del Distrito Federal es que esta conducta se considera una infracción administrativa contra lo previsto en el artículo 25 fracción IX de Ley de Cultura Cívica de esa entidad, estableciendo que se entiende como infracción a la seguridad ciudadana, “proferir voces, realizar actos o adoptar actitudes que constituyan falsas alarmas de siniestros, o que puedan producir o produzcan el temor o pánico colectivos, imponiendo una sanción con multa por el equivalente de 21 a 30 días de salario mínimo o con arresto de 25 a 36 horas”.

 

Las únicas entidades que consideran estas conductas un delito son Puebla, Tabasco, Hidalgo y Veracruz, y se incluyen en el capítulo relativo al terrorismo en los códigos penales de cada una de estas entidades, coincidiendo en todos los casos en una pena mínima de tres años.

 

Cuando Veracruz decidió legislar para sancionar en el Código Penal este tipo de conductas, al haberse generado a través de Twitter un rumor que generó un ambiente de pánico en la ciudad de Veracruz, hubo protestas en redes sociales y medios de comunicación y se alegó que se estaba violando la libertad de expresión. Inclusive, la Comisión Nacional de Derechos Humanos promovió una controversia constitucional en contra de la reforma, que aún se encuentra pendiente de ser resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

Pero la libertad de expresión tiene límites que están previstos en los artículos 6 y 7 de la Constitución y es cuando se ataca la moral, los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.

 

Si de forma dolosa un grupo de personas genera pánico en cientos de personas con el consecuente el cierre masivo de miles de comercios, mercados, escuelas e incluso iglesias, movilizando a las autoridades, ya no se está en presencia del ejercicio de un derecho como es la libertad de expresión, por lo que tal vez ha llegado la hora de que el resto de las entidades del país consideren sancionar penalmente este tipo de conductas porque son hechos que pueden volver a repetirse, tal vez con consecuencias más graves.

 

 

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