El pasado 1° de septiembre dio inició una nueva legislatura en el Congreso de la Unión, la número LXII, y como en cada ocasión distintos expertos han hecho un balance de los resultados de la legislatura anterior. Por ejemplo, Integralia informa que en la Cámara de Diputados de la LXI legislatura se presentaron 3,509 iniciativas y se aprobaron 430. Pero no podemos medir la productividad de un Poder Legislativo con base a las iniciativas que se presentan y son aprobadas, porque no necesariamente todas las iniciativas que se presentan son viables, en ocasiones no son vitales para el país o llegan a ser sólo ocurrencias de un legislador.
Son más importantes los pendientes que dejan, las cosas que se quedan en el tintero y que se derivan de las leyes y reformas que los propios legisladores aprobaron y anunciaron con bombos y platillos. Esos pendientes tienen un impacto para la sociedad y son temas que la nueva legislatura debería abocarse a atender de inmediato.
Por ejemplo, la reforma en materia de justicia para adolescentes a nivel federal. Desde diciembre de 2005 se publicó esta reforma, en la actualidad ya todas las entidades federativas cuentan con legislación sobre el tema, pero en el caso de la federación, no. Después de casi siete años y dos proyectos de ley, la iniciativa de legislación aplicable está atorada desde marzo de este año en la Cámara de Senadores, mientras tanto, los estados tienen que hacerse cargo de estos casos, con marcos jurídicos que sancionan el mismo delito de forma distinta.
En diciembre de 2006, al modificar el artículo 73 de la Constitución se inició un proceso de reformas para atribuir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la facultad de sancionar a los servidores públicos por responsabilidades administrativas, lo que implica la modificación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; así como de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Hasta el momento estas reformas no se han promovido.
En 2008 se estableció el nuevo sistema penal acusatorio, el cual deberá estar operando en todo el país a más tardar el 19 de junio de 2016. A cuatro años de distancia, en siete entidades de la República el sistema ya está operando, pero 16 están en proceso de implementar su legislación y 7 entidades aún están en la etapa inicial. Sin embargo, a nivel federal aún están pendientes las modificaciones al Código Federal de Procedimientos Penales para implementar el sistema penal acusatorio.
Peor aún, el nuevo sistema de reinserción social debió haber entrado en vigor el 18 de junio de 2011. Apenas el 17 de abril de 2012 la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones, pero ésta no ha sido aprobada por el Senado. El nuevo sistema penal no podrá operar a nivel federal en el plazo establecido en la Constitución, si la LXII legislatura no realiza las modificaciones legislativas correspondientes .
El 6 Junio de 2011 se publicaron las modificaciones constitucionales en materia de juicio de amparo. La nueva Ley de Amparo debió publicarse el 4 de octubre de 2011, por lo que han transcurrido 332 días sin que exista ese nuevo ordenamiento que materialice las reformas en materia constitucional sobre este tema.
A consecuencia de esta reforma también debe rmodificarse la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que materialice la reorganización que del poder judicial federal que implica la misma, pero hasta el momento tampoco han sido aprobadas estas modificaciones.
La reforma constitucional en materia de derechos humanos se publicó el 10 de junio de 2011. Esta reforma obligó al Congreso de la Unión a publicar a más tardar el 11 de junio de este año una ley para la reparación de las violaciones a los derechos humanos, prevista en el artículo 1°; una ley reglamentaria del artículo 29 constitucional en materia de suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías y una ley reglamentaria del artículo 33 constitucional, en materia de expulsión de extranjeros. Hasta el momento ninguno de estos ordenamientos existe.
En febrero de 2012 se publicaron reformas constitucionales en materia ambiental, y a más tardar en agosto de este año debían estar incorporadas a la legislación secundaria las disposiciones relativas al derecho a un medio ambiente sano y las responsabilidades por el daño y deterioro ambiental, lo que no sucedió.
En ese mismo caso se encuentran las reformas que establecieron como obligatoria la educación media superior, que implican cambios a la Ley General de Educación que debieron ser publicados en el mes de agosto.
Sólo estamos abordando los pendientes del Legislativo relacionados con las reformas constitucionales más recientes, pero existen omisiones en otros temas.
Y no sólo existen omisiones en el Poder Legislativo, sino también en el Ejecutivo, ya que a pesar de que algunas leyes le impusieron la obligación de reglamentar determinados temas, estos reglamentos no se emitieron. Por ejemplo, a pesar de que desde hace más de un año se publicó la Ley de Migración, parte de ellas aún no han entrado en vigor porque no se ha emitido el reglamento de dicha ley.
Peor aún, las derogaciones a las fracciones VII y VIII del artículo 3o. y a los artículos 7 a 75 de la Ley General de Población, que se refieren a la migración e inmigración continuarán vigentes hasta en tanto el Titular del Ejecutivo no ejerza su facultad reglamentaria. Lo mismo sucede con las reformas que en relación al tema migratorio se realizaron en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la Ley de Inversión Extranjera y la Ley General de Turismo.
Todos los partidos han anunciado su agendas legislativas que incluyen reformas laborales, fiscales, en materia de transparencia o corrupción o inclusive electoral, pero nadie, ningún legislador, ha declarado tener como prioridad solventar estas y otras omisiones legislativas que vienen arrastrando, a pesar de que algunos de ellos sólo pasaron de una Cámara a otra.
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