El Diputado Héctor Ortíz Orpinel propuso al Congreso del estado de Chihuahua modificar el artículo 120 de la Ley Estatal del Sistema de Seguridad Pública para que el personal operativo de las instituciones de seguridad pública, durante el lapso de tiempo que dure su jornada de trabajo, sólo utilicen los equipos de comunicación oficiales que le sean asignados para el cumplimiento de su empleo, cargo o comisión.

 

Lo anterior con la finalidad de que los agentes de seguridad pública se abstengan de hacer usos de equipos ajenos a la corporación que faciliten las filtraciones de información sobre los operativos que realicen las operaciones.

 

El Diputado señala en la exposición de motivos de la iniciativa, que sin demeritar la labor que hacen la gran mayoría de los agentes de seguridad, es un hecho que sus filas han sido infiltradas por el crimen organizado y es necesario evitar en la medida de lo posible que aquellos agentes que están coludidos con el crimen organizado puedan establecer comunicación con esos grupos.

 

Asimismo, se evitaría que los agentes sean objeto de presiones o amenazas mientras se encuentran en servicio, filtrando las comunicaciones que estos reciben.

 

Por ello, también se propone que en el Registro Nacional de Armas y Explosivos se incluya una sección para medios de comunicación, a fin de registrar todos los equipos oficiales que tenga las corporaciones.

 

La medida ya ha sido implementada en otras entidades a través de medidas administrativas. En Quintana Roo, por ejemplo, se prohibió el uso de celulares a los policías cuando estén en servicio o en horas de trabajo para evitar distracciones, fuga de información y pase libre a cargamentos con mercancía ilegal, principalmente en los filtros de seguridad que han sido instalados, aplicando la medida a través del reglamento de la corporación policial donde especifica claramente que los únicos medios de comunicación de los elementos deben ser a través de los radios oficiales.

 

La disposición también se aplica a través de modificaciones a una ley en San Luis Potosí y Nuevo León, entre otros estados.

 

 

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