El pasado 4 de agosto personal del barco petrolero “Valencia” con bandera panameña, reportó el fallecimiento de la cadete de 22 años Dayra Kariani Wood Pino, ocurrido en aguas internacionales.

 

Conocida la noticia, la Autoridad Marítima de Panamá ordenó a la embarcación atracar en el puerto más cercano que en ese momento era Ciudad del Carmen en Campeche, pero se hizo caso omiso de esta solicitud y el barco siguió su rumbo hasta el Puerto de Veracruz donde atracó el pasado lunes.

 

De acuerdo con el artículo 5° de la Ley General de Navegación y Comercio Marítimos de México las embarcaciones extranjeras que se encuentren en aguas mexicanas quedarán sujetos por ese sólo hecho a la jurisdicción y al cumplimiento de la legislación nacional.

 

En este caso el barco atracó en México por lo que México obtuvo jurisdicción, pero como la muerte ocurrió en un barco con bandera panameña y en aguas internacionales, Panamá pidió adjudicarse la jurisdicción del caso.

 

La Autoridad Marítima Panameña, el ministerio público de Panamá y la Universidad Marítima de Panamá, de donde se graduó como cadete Dayra Wood han coordinado los esfuerzos para efectuar las investigaciones y lograr el traslado del barco y sus tripulantes.

 

Por parte de México la Procuraduría General de la República formó una comisión integrada por especialistas en homicidios, de la Dirección de Investigación Judicial y del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

 

Desde este fin de semana las autoridades mexicanas y panameñas han estado colaborando para lograr la repatriación del cadáver de la joven cadete quien se embarcó en el “Valencia” en enero de este año para realizar sus prácticas profesionales. De acuerdo con las autoridades mexicanas, la joven cadete murió realizando sus prácticas en un cuarto de máquinas, cercenada del brazo y la pierna derechas.

 

Según el derecho marítimo mexicano, el capitán de la embarcación es a bordo la primera autoridad por lo que toda persona a bordo está bajo su mando. En aguas extranjeras y en alta mar es considerado representante de las autoridades mexicanas y del propietario o naviero, teniendo capacidad legal y técnica para ejercer el mando de las embarcaciones, siendo responsable de éstas, de su tripulación, pasajeros, cargamento y de los actos jurídicos que realice, aún cuando no se encuentre a bordo. Actúa como auxiliar del Ministerio Público Federal con facultad para investigar los accidentes e incidente ocurridos a bordo del barco mientras no lleguen a puerto y den aviso a las autoridades de tierra.

 

 

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