La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó el amparo en revisión a cuarenta personas que están siendo procesadas por el delito de tráfico de personas.

 

Estos traficantes de personas buscaban su libertad alegando que el artículo Décimo Transitorio de la Ley de Migración vigente es inconstitucional al violar el principio constitucional de exacta aplicación de la ley, el derecho de aplicación retroactiva de la ley en beneficio del gobernado y del principio pro persona.

 

El citado artículo Décimo Transitorio establece para el caso del delito de tráfico de indocumentados que “los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley de Migración, por el delito previsto en el artículo 138 de la Ley General de Población, se seguirán tramitando hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos que le dieron origen. Lo mismo se observará respecto de la ejecución de las penas correspondientes”. La ley entró en vigor el 26 de mayo de 2011.

 

Los magistrados consideraron que la disposición se encuentra apegada a la Constitución mexicana y no viola el derecho de aplicación retroactiva de la ley en beneficio del gobernado porque el tráfico de indocumentados sigue considerándose un delito, previsto  en el artículo 159 de la Ley de Migración, por lo que no es aplicable el principio de nullum crimen sine lege, “no existe delito sin ley”.

 

También negaron que la disposición impugnada viole el derecho constitucional de exacta aplicación de la ley penal ya que se observa la máxima de legalidad tempus regit actum, el tiempo rige al acto, aplicándose la legislación vigente antes de la entrada en vigor de la Ley de Migración.

 

Finalmente, respecto a la aplicación del principio pro persona, a fin de aplicar la norma más favorable, en este caso el artículo 117 del Código Penal Federal que prevé “la ley que suprime el tipo penal o lo modifique, extingue en su caso la acción penal o la sanción correspondiente”.

 

La Primera Sala estimó que el principio no es aplicable porque en el caso en particular, el artículo 138 de la Ley General de Población sigue siendo aplicable a la conducta de los quejosos, puesto que los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley de Migración deben seguirse tramitando hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes al momento de la realización de los hechos delictivos.

 

Además de que no existe un conflicto de leyes, es decir, dos o más normas aplicables a una determinada conducta y mucho menos el tipo penal ha sido suprimido o modificado en este caso.

 

Así que estas personas seguirán siendo procesadas por el delito que cometieron.

 

 

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