La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el artículo 57, fracción segunda, inciso a), del Código de Justicia Militar, que establece como delitos contra la disciplina militar, los del orden común o federal, cuando fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo.

 

Lo anterior, toda vez que la mayoría de los ministros consideraron que es incompatible con lo dispuesto en el numeral 13 de la Constitución Federal que impide que los civiles o sus familiares que sean víctimas de violaciones a los derechos humanos tengan la posibilidad de someterse a la jurisdicción de un juez o tribunal ordinario.

 

El artículo 13 señala que “Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.”

 

En general, la mayoría consideró que la disposición del artículo 57 es contraria a este texto constitucional pero los ministros Aguirre Anguiano y Luna Ramos votaron en contra de la decisión ya que desde su punto el artículo se encuentra apegado al artículo 13 constitucional al considerar que la disposición impugnada  se refiere a los sujetos activos en el delito, es decir, a quienes cometieron el delito, no a la víctima o sujetos pasivos del mismo.

 

Esta es la primera declaración de inconstitucionalidad que respecto a  esta disposición aprueba la Suprema Corte y sólo es aplicable al caso concreto, debiendo existir cuatro sentencias más en el mismo sentido, ininterrumpidamente para constituir jurisprudencia por reiteración, y en ese caso se deberá notificar al Congreso para que modifique el artículo.

 

De no hacerlo en 90 días naturales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria.

 

 

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