Juana Reyes es una mujer de 46 años que para mantener a sus hijos se dedicaba al comercio informal vendiendo tamales afuera de un Walmart en la ciudad de Sacramento, en California, Estados Unidos, aprovechando la gran cantidad de clientela latina y anglosajona que tienen esa tienda.

 

Durante dos años los empleados de seguridad de la tienda le pidieron a Juana que se retirara de la propiedad de la tienda, pero Juana siempre regresaba porque ahí estaba su clientela. Finalmente en junio de este año la gerencia de la tienda pidió a la policía que la detuviera por allanamiento y por interferir con un establecimiento comercial.

 

Juana pasó doce días en la cárcel hasta que los cargos de allanamiento fueron retirados, mientras sus dos hijos de 10 y 7 años, que son norteamericanos de nacimiento, fueron puestos en hogares temporales.

 

El problema se agravó ya que por un programa llamado Comunidad Segura la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) puede accesar a las huellas digitales de las personas detenidas e investigar su status migratorio, por lo que Juana fue retenida y entregada al ICE para ser sujeta a un proceso de deportación que destruiría su familia, ya que al ser sus hijos ciudadanos norteamericanos estos no serían expulsados de esa nación.

 

El caso se convirtió en emblemático para aquellos que  impulsan en California la Ley Confianza (Trust Act) que busca limitar el alcance del Programa Comunidad Segura, a fin que la policía sólo retenga a una persona a través de una solicitud de detención migratoria cuando se trate de un delito grave o violento.

 

También se busca que las comunidades recuperen la confianza en la policía y denuncien los hechos ilícitos sin exponerse a ser detenido por su situación migratoria.

 

La ley ya fue aprobada por el senado de California y se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Asamblea legislativa del Estado.

 

De haber estado la ley ya vigente en California, Juana Reyes no habría pasado doce días en la cárcel y tampoco habría sido separada de sus hijos.

 

Los opositores a la ley señalan que se pondría en un predicamento a las autoridades locales con las autoridades federales al no atender adecuadamente a las solicitudes del ICE, además de que podría dejarse en libertad a alguna persona al ignorar antecedentes sobre delitos graves o violentos en otras entidades.

 

Por lo pronto el proceso de Juana Reyes está suspendido por lo que podrá permanecer en Estados Unidos con sus hijos.

 

 

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