El 27 de junio de 2011 se establecieron en el Código de Comercio los juicios orales mercantiles que tendrían que haber empezado a operar a partir del 27 de enero de 2012, pero 18 días antes de que entrara en vigor la disposición, el Congreso publicó una nueva reforma al citado ordenamiento para que las entidades federativas y el Congreso pudieran tomar previsiones presupuestales para la infraestructura y la capacitación necesarias para la implementación de estos juicios.

 

Así se otorgó a los poderes judiciales de las entidades federativas hasta el primero de julio de 2013 para hacer efectiva la entrada en vigor de las disposiciones relativas al juicio oral mercantil. Estamos a once meses de que se venza ese plazo y se ven pocos avances en la materia.

 

El Poder Judicial de la Federación ya instaló dos juzgados especializados en Puebla y Quintana Roo, que forman parte de 36 juzgados que el Consejo de la Judicatura instalará para cumplir con la reforma, y el 23 de marzo se realizó en Puebla la primera audiencia de un juicio mercantil oral en el país.

 

Al concederse la prórroga a los estados, el poder judicial federal deberá absorber la carga de trabajo respecto a asuntos que representen menos de 500,000 mil pesos, sin incluir intereses y recargos.

 

Pero los avances que se reportan en las entidades federativas son escasos. En el Distrito Federal ya se aprobaron  las reformas al Código de Procedimientos Civiles local para incorporar los juicios orales mercantiles y se prevé que los juzgados correspondientes entren en operación en enero del 2013, realizando ya simulacros de los procesos a fin de facilitar su implementación.

 

También Tamaulipas y Quintana Roo han modificado sus disposiciones locales para implementar los juicios orales mercantiles a partir de 2013.

 

Pero el resto de los estados aún no presentan avances significativos sobre el tema.

 

 

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