Ha concluido el receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el próximo lunes empezarán otra vez las sesiones del pleno, destacando la revisión al fuero militar.
La Corte revisará 28 casos en los que existe un conflicto competencial entre los juzgados civiles y militares. Estos casos serán analizados a partir de los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia en el caso Radilla, en la que se dispone que las violaciones a derechos humanos cometidas por militares sea conocidas por tribunales civiles.
El listado incluye 26 amparos promovidos por militares juzgados en el fuero de guerra por delitos que van del robo y homicidio al narcotráfico, y las demandas que presentaron familiares de dos civiles asesinados por personal del Ejército, quienes exigen que los juicios se sigan en los juzgados civiles.
El criterio de la Corte en el caso Radilla señala que el fuero militar frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles, bajo ninguna circunstancia puede operar, ya que el artículo 57 del Código de Justicia Militar, es incompatible con lo dispuesto en el artículo 2º de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque al establecer cuáles son los delitos contra la disciplina militar, no garantiza a los civiles o sus familiares que sean víctima de violaciones a los derechos humanos, que tengan la posibilidad de someterse a la jurisdicción de un juez o tribunal ordinario.
La revisión de estos casos se da por que la Suprema Corte acordó por mayoría que este criterio debe ser adoptado por todos los jueces, por lo que para la efectividad del cumplimiento y en aplicación del artículo 1° constitucional, reasumió su competencia originaria para conocer de los conflictos competenciales entre la jurisdicción militar y la civil.
La Comisión Internacional de Juristas de Suiza, las Clínicas Internacionales de Derechos Humanos de la Universidad de Stanford y de la Universidad de Harvard, la Comisión Colombiana de Juristas, el Instituto de Defensa Legal de Perú y el Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, en coordinación con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez de México, presentaron diversos amicus curiae en los que señalan que a la luz de la evolución del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en México no debe prevalecer el fuero militar para casos de violaciones a derechos humanos contra civiles.
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