El pasado 19 de julio el Poder Ejecutivo Federal presentó una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que ésta determine si las observaciones que el Poder Ejecutivo hizo llegar al Poder Legislativo sobre la Ley General de Víctimas se presentaron conforme a lo que establece la Constitución.

 

El Ejecutivo señala en su escrito que el decreto de Ley General de Víctimas se recibió el pasado 1º de junio y atendiendo lo que establece el artículo 72 de la Constitución, 30 días después lo regresó al Poder Legislativo con observaciones.

 

La controversia constitucional se refiere únicamente al acto del Senado a través del cual ordena la publicación de la Ley General de Víctimas, así como al acto por el que se devuelven las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo.

 

Por su parte la Primera Comisión de la Comisión Permanente discutirá el día de hoy el punto de acuerdo presentado por el senador Leonel Godoy Rangel el que se “condena el desacato del Secretario de Gobernación por negarse a publicar en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley General de Victimas, por lo que cualquier particular que se sienta afectado en sus derechos por esta violación constitucional podrá recurrir a las vías legales correspondientes”.

 

Al discutir este Punto de Acuerdo la Primera Comisión también deberá discutir las irregularidades que se presentaron en la Cámara de Diputados durante el proceso de envío del Decreto a la Secretaría de Gobernación.

 

Sobre este tema, el 11 de julio el diputado José Ramón Martel López, presentó una propuesta para que la Comisión Permanente solicite la integración de un expediente completo con la información sobre las irregularidades de trámite subsiguientes a la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto que expide la Ley General de Víctimas.

 

Lo anterior porque oficialmente el 10 de mayo se entregó el Decreto  en la Secretaría de Gobernación, pero el secretario técnico de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Eduardo Espinoza, solicitó por instrucciones, del diputado Óscar Martín Arce Paniagua, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, devolver al Congreso el expediente para hacerle una “revisión”. Después explicó que lo había hecho porque “había inconsistencias”. La solicitud de devolución de este decreto es la raíz de la controversia.

 

Es probable que el asunto sea revisado por Suprema Corte de Justicia, cuando hayan tomado posesión la próxima legislatura y el nuevo titular del Poder Ejecutivo.

 

 

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