México ha vivido la sequía más intensa en los últimos 71 años de nuestra historia, y aunque las lluvias estacionales han ayudado a reducir de 18 a cinco el número de estados gravemente afectados por la sequía, los daños aun persisten.

 

Global Post informa que en Chihuahua, una entidad donde se mantiene el estado de emergencia, durante 2011 se perdieron 350,000 cabezas de ganado; se produjeron 500 toneladas de maíz, cuando el estado puede producir 100,000; 20,000 toneladas de frijol cuando se tiene la capacidad de producir 100,000. Esto implica pérdidas por más de mil millones de pesos y la ruina para 60,000 familias que viven del campo.

 

La sequía también ha agravado el problema del agua en la región ya que los agricultores tienen que excavar los pozos para conseguir agua a mayor profundidad, con un aumento en el costo en su excavación y en la extracción del agua porque implica un mayor consumo de energía eléctrica.

 

En entrevista para Global, el Dr. Carlos Gay García, Coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático en la UNAM se pregunta si realmente se trata de una sequía o del nuevo clima  en la región generado por el cambio climático.

 

Mientras esto sucede en nuestro país, en el mundo el debate sobre los efectos físicos del cambio climático y los derechos humanos aun continúa.

 

Algunos expertos vinculan el contenido de determinados derechos humanos como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación o el derecho al agua y la cooperación internacional en la lucha contra el cambio climático, pero principalmente se le relaciona con un derecho humano de tercera generación que es el derecho a un medio ambiente sano.

 

La íntima vinculación del medio ambiente con el nivel de vida en general hace de este derecho una condición sine qua non del disfrute y ejercicio de los demás derechos.

 

Esta vinculación se hizo explicita en la demanda que en 2005 una alianza de organizaciones Inuit (nombre común para los distintos pueblos esquimales que habitan las regiones árticas de América y Groenlandia) de Canadá y Estados Unidos, presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que señalaban que la negativa  de Estados Unidos a reducir sus gases de efecto invernadero dañaba sus derechos humanos.

 

La demanda no fue admitida al no poderse demostrar el nexo causal entre la emisión de los gases de efecto invernadero de un país y los daños específicos señalados en la demanda, pero impulsó la investigación en la CIDH para determinar la posible existencia de un vínculo entre los efectos adversos del cambio climático y el pleno goce de los derechos humanos. Lo mismo está haciendo la ONU, pero hasta el momento todas las definiciones son doctrinarias y no prácticas o que impliquen una responsabilidad concreta. 

 

En nuestro país el derecho a un medio ambiente sano se incluye en el artículo 4 constitucional que establece que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.”

 

Asimismo, la Ley General de Cambio Climático es reglamentaria de esta disposición en materia de protección al ambiente, desarrollo sustentable, preservación y restauración del equilibrio ecológico, garantizando el derecho a un medio ambiente sano y estableciendo la concurrencia de facultades de la Federación, las entidades federativas y los municipios.

 

La Ley tiene entre otros objetivos regular las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático y establecer las políticas nacionales en materia de cambio climático reducir al año 2020 un treinta por ciento la emisión de gases y compuestos de efecto invernadero y en 2050 a un cincuenta por ciento en relación con las emitidas en el año 2000.

 

Una de esas políticas nacionales es la de adaptación frente al cambio climático, que incluye en sus objetivos reducir la vulnerabilidad de la sociedad y los ecosistemas frente a los efectos del cambio climático. En general, las medidas que establece tendrán un efecto práctico a un mediano y largo plazo.

 

En 2009 la aldea de Inuit Kivalina, en el extremo noroeste de Alaska, Estados Unidos, interpuso una demanda en contra de más de veinte empresas petroleras por su contribución con el cambio climático que ha ocasionado serios estragos en su aldea con consecuentes daños en su medio de vida. Demandan que debido al cambio climático ya no pueden cazar ni pescar como antes, que estáns expuestos a las tormentas y que al tratarse de tierras bajas la zona está siendo tragada por el mar por lo que deberán reubicarse en los próximos cinco o diez años.

 

Esperemos que las medidas que se están tomando en nuestro país sean efectivas y no seamos testigos de demandas de este tipo en contra de las empresas o en contra del Estado mexicano por haber llegado demasiado tarde. 

 

 

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