El día de ayer en el diario Milenio, Miguel Alessio Robles, Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, a través de una columna hizo públicos los argumentos de la Presidencia de la República en la disputa contra el Legislativo por la Ley General de Víctimas.

 

Destaca en primer lugar que “El Congreso de la Unión carece de facultades para emitir una Ley General de Víctimas, que distribuya competencias entre la Federación y las entidades federativas y por tanto obligue a autoridades federales, locales y municipales”.

 

Dice Alessio Robles que “Para que pueda emitirse una ‘ley general’, debe existir, tanto una disposición constitucional que establezca que esta materia es una competencia concurrente, así como una cláusula constitucional que faculte expresamente al Congreso de la Unión a emitir dicha ley.”

 

Inclusive destaca el consejero jurídico que el proyecto de Ley General de Atención y Protección de los Derechos de las Víctimas elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México, y que fue base para crear la Ley General de Víctimas, en su exposición de motivos expuso que al ser la propuesta de aplicación general se consideraba “… oportuna una reforma al artículo 73, fracción XXI de la Constitución General de la República para señalar, de manera expresa, la facultad del Congreso de la Unión para expedir una ley general en la materia.

 

El jurista cita que el 25 de abril, mismo día en que se aprobó la Ley General de Víctimas, la Cámara de Senadores aprobó adicionar al artículo 73 constitución la fracción XXIX-Q, para facultar al Congreso para expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de atención y protección de los derechos de las víctimas, y que a la fecha no ha sido discutida por la Cámara de Diputados.

 

El segundo argumento de fondo, es que la Cámara de Diputados discutió una minuta con un texto distinto al aprobado por la Cámara de Senadores, específicamente un documento que presuntamente incluía la modificación a los artículos 24 y 72.

 

Finalmente Alessio Robles enfatiza que en la opinión de la consejería jurídica, la Comisión Permanente no cuenta con atribuciones para pronunciarse sobre el veto a esta ley, sino que corresponde al Senado por ser la Cámara de origen.

 

En la argumentación del Consejero Jurídico de Presidencia también se afirma que las observaciones del Ejecutivo se hicieron en tiempo y forma.

 

Estas es una historia de errores y acusaciones tanto por parte del Poder Ejecutivo como por el Poder Legislativo, que terminará resolviéndose en una controversia constitucional y la Ley General de Víctimas no verá la luz hasta que no vuelva a discutirse en la próxima legislatura.

 

 

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