La noche del 11 de julio el embajador de México en Japón firmó el Acuerdo Comercial Antifalsificación, conocido como ACTA. En declaraciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), este acuerdo establece un marco general internacional con el fin de detener el comercio ilegal de productos piratas y falsificados, así como "su distribución masiva por medios digitales”.

 

El IMPI agrega que ACTA no violenta los humanos reconocidos por nuestra Constitución y por los Tratados Internacionales de los que México es parte y “no generará un ambiente de vigilancia o monitoreo a las actividades que se realizan cotidianamente en plataformas como Internet, ni para revisar o incautar equipos de cómputo ni reproductores personales de audio o video”, pero los hechos contradicen éstas declaraciones.

 

En el Senado se creó un Grupo Plural de Trabajo para analizar el tema referente al Acuerdo Comercial Anti-Falsificaciones y se realizaron foros y consultas públicas con funcionarios, académicos, expertos y público interesado,

 

En las reuniones de ese Grupo Plural se destacó que las negociaciones de ACTA violaron la Ley sobre Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, que en sus artículos 5 y 8 obliga al Ejecutivo Federal a informar al Senado de la República a ser informado, sobe el inicio de negociaciones formales de un tratado internacional, y las negociaciones se iniciaron el 3 de junio de 2008 y fue hasta el 10 de febrero del 2010 que se informó al Senado.

 

Además, el Grupo consideró que ACTA contiene diversas disposiciones, especialmente el apartado denominado: “Sección 5: Observancia de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito digital”, que en distintas interpretaciones se pueden considerar contrarias a la legislación mexicana, en particular, a disposiciones constitucionales y de leyes ordinarias.

 

También consideró que el Acuerdo podría limitar la universalización del acceso al Internet, ampliando con ello la “brecha digital” y la posibilidad de que el pís se inserte en la denominada “sociedad de la información y del conocimiento”.  

 

Del mismo modo el Senado señalóque ACTA podría derivar en una censura a los contenidos de Internet, restringiendo la  neutralidad de la red, el desarrollo del legítimo comercio electrónico, la creatividad digital y la legítima difusión cultural.

 

El Grupo concluyó que ACTA viola la seguridad y certeza jurídica de los habitantes del pís por la ambigüedad de algunas de las disposiciones.

En resumen, ACTA sí viola derechos humanos, principalmente los de seguridad jurídica, debido proceso, inviolabilidad de las comunicaciones y la presunción de inocencia, entre otros.

 

Esta conclusión coincide con el criterio del Parlamento Europeo que exactamente la semana pasada rechazó ACTA, denegando la aprobación de la celebración del Acuerdo.

 

En ese órgano también se cuestionó la ambigüedad del documento al usar términos como “escala comercial”,  la falta de equilibrio entre la protección de los derechos de propiedad intelectual y derechos fundamentales tales como la libertad de expresión, el derecho a la intimidad y la protección de los datos personales y la confidencialidad de las comunicaciones y el derecho a un procedimiento con las debidas garantías, en particular, la presunción de inocencia y una tutela judicial efectiva.

 

Así, aunque el Acuerdo ya fue firmado por Austria, Australia, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, Estados Unidos, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Marruecos, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Rumania, República Checa, Reino Unido, Suiza, Singapur y nuestro país, ningún país miembro de la Unión Europea puede ratificar el Acuerdo y no tendrá validez en la Unión Europea ni en ninguno de sus veintisiete países miembros.

 

Lo que sigue en nuestro país es que el Senado de la próxima legislatura apruebe el tratado para que pueda entrar en vigor, lo que constituye una ventana de oportunidad para la sociedad civil, a fin de evitar que el Acuerdo tenga fuerza de ley en nuestro país.

 

Acta se concibió como un instrumento para combatir la piratería, en todos sus frentes no sólo en lal red, pero se excedieron tanto en el capítulo de propiedad intelectual que todo lo demás quedo en segundo plano.

 

 

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